por Pablo Andrade Martínez
Coordinador de la Causa de Construcción de Paz en Nosotrxs.
Cada 17 de julio se conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional. La fecha recuerda la adopción del Estatuto de Roma en 1998, el tratado que dio vida a la Corte Penal Internacional (CPI).
La idea era simple, al menos en el papel: que los crímenes más graves —como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad— no quedaran impunes, sin importar quién los hubiera cometido ni en qué parte del mundo.
Era un momento de optimismo jurídico: los horrores de Ruanda y Yugoslavia estaban todavía frescos, y muchos pensaban que había llegado el tiempo de construir mecanismos globales para ponerle un alto a la impunidad. Se hablaba de justicia con mayúscula, de memoria, de reparación, de nunca más.
Veintiséis años después, la realidad es menos luminosa. La CPI ha tenido avances, sí. Pero también ha sido objeto de presiones políticas, bloqueos sistemáticos y una especie de doble moral internacional que deja claro que no todos los crímenes se juzgan con el mismo rasero. Si la justicia internacional es un sueño, sigue siendo uno bastante desigual. Y en países como México, hablar de justicia internacional suena a lujo porque ni siquiera hemos logrado garantizar justicia básica ni tampoco hemos desarrollado un verdadero sistema nacional de atención a víctimas. La violencia se normaliza, se vuelve estadísticas, se desdibuja en la burocracia del horror.
No se trata de minimizar el papel y la importancia que tiene la justicia internacional. De hecho, en muchas ocasiones —como con los informes del GIEI o el trabajo de organismos como la ONU-DH— han sido esas miradas externas las que han puesto sobre la mesa verdades que el Estado no quiere o no puede reconocer. Pero tampoco hay que caer en la ilusión de que un tribunal en La Haya va a venir a resolver lo que no hemos querido resolver aquí. La justicia internacional es importante, pero es complementaria. No sustituye la responsabilidad nacional. Y mientras no enfrentemos nuestras propias formas de impunidad todo lo demás es decorado.
El discurso oficial actual ha hecho carrera denostando a las instituciones. Que si son corruptas, que si responden a intereses oscuros, que si hay que desaparecerlas. Y sí: es necesario pensar siempre a las instituciones como perfectibles. Pero de ahí a destruirlas todas hay un largo trecho. Las instituciones son importantes porque la justicia no es automática. Hay que construirla, defenderla, cuidarla. Y eso implica fortalecer contrapesos, proteger archivos, garantizar el acceso a la información, y nombrar lo que pasa con todas sus letras. Por incómodo que sea.
El 17 de julio debería ser una oportunidad para recordarlo. No como una fecha solemne y lejana, sino como una pregunta urgente: ¿qué hacemos, desde donde estamos, para que la justicia —nacional o internacional— deje de ser una excepción? ¿Qué hacemos para que no nos gane la resignación?
Porque a veces pareciera que el mensaje dominante es claro: que la impunidad no solo existe, sino que es inevitable. Que lo mejor es acostumbrarse. Y eso, justo eso, es lo que no podemos permitirnos.
Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/dia-internacional-de-la-justicia-internacional-24752063