La participación ciudadana no se crea, ni se destruye en las urnas.

El proceso electoral que nos llevó a las elecciones históricas del 2 de julio de 2018 estuvo, sin duda, marcado por la violencia, la compra de votos, la utilización de programas sociales, la el uso indebido de datos personales, los bots y los inolvidables memes, pero sobre todo el miedo, la desinformación y la división social.

Y, es que, para los niveles de desigualdad, pobreza, deterioro ambiental, corrupción y la creciente violencia, sin duda, merecíamos más. Merecíamos propuestas claras, contundentes, innovadoras y que animaran , no sólo al apoyo a uno u otro candidato con cheques en blanco, si no, a criticar el sistema económico, politico y social en el que estamos inmersos y que nos ha llevado a la crisis que enfrentamos ahora.,aunado a un contexto internacional que se antoja adverso.

Es un gran error creer que por arte de magia o buena voluntad, la corrupción y las violencias desaparecerán. Es todavía peor dar por sentado que los gobiernos por si solos serán capaces de lograr una transformación social, sin la vigilancia estrecha de la sociedad civil organizada.

Uno de los grandes retos está ( y siempre ha estado) en la capacidad de organización de la sociedad civil en general para analizar, adelantarse, contribuir y oponerse a cualquier iniciativa que pretenda poner en riesgo el acceso a nuestros derechos o amenace con profundizar la desigualdad social y las violencias. Aumentar la participación y vigilancia ciudadana es una conclusión constante. La oportunidad radica en brindar herramientas, capacidades y espacios de participación a personas o colectivos cuyos derechos se han vulnerado para aumentar la exigencia ciudadana de manera incluyente, y sin tibiezas, porque ésta debe ser contundente y certera.

El actual modelo extractivista , basado en la explotación de los recursos naturales y el deterioro ambiental a nivel nacional y mundial, es uno de los temas mas grandes a los que nos enfrentamos a nivel nacional, pues de ello depende en gran parte, la capacidad del Estado para garantizar derechos como la salud, la seguridad o la alimentación. En éste sentido creo, que nuestros esfuerzos deben orientarse hacia el hacia el desarrollo sustentable, no sólo por el contexto internacional con la consecución de la Agenda 2030, si no, por justamente, la necesidad de replantear un nuevo paradigma en donde lo socialmente justo, económicamente viable y ambientalmente adecuado será necesario para la crisis que nuestro país y planeta atraviesan.

Vigilemos, exijamos y organicémonos, porque éste país no se va a arreglar solo y nuestro futuro y el de las especies con quienes lo compartimos está en riesgo.

Marioliva González – La participación ciudadana no se crea, ni se destruye en las urnas.