Cuando pedimos respeto a nuestros derechos como personas LGBTQI+ no queremos “privilegios”, lo que exigimos, cada día, de cada mes, pero colectivamente en junio, es la misma base de la que parten todas las demás personas. La vida no puede ser una para la mayoría y otra, limitada, para quienes nos identificamos como personas LGBT+.
Por Jaime Hernández Colorado
Uno de los lugares comunes más frecuentes para empezar el argumentario, si cabe el término, en contra de los derechos de las personas LGBTQI+ suele ser preguntar para qué sirve el mes del orgullo y las actividades asociadas. Todo esto para seguir con una diatriba acerca de por qué lo que pedimos no son derechos, sino privilegios. A propósito de estas discusiones inanes, que recobran relevancia cada año durante el mes de junio, conviene leer el Informe del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Graeme Reid, agendado para presentarse al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 59° período de sesiones, del 16 de junio al 11 de julio de 2025.
El contenido del informe deja claro que los derechos a los que nos referimos cuando hablamos de orgullo y de la urgencia de garantizar condiciones básicas para el libre desarrollo de la personalidad —y de la vida, en general— para las personas LGBTQI+ no son “privilegios”. Se trata de derechos que resultan inherentes al resto de las personas, pero que no hallan garantía cuando se trata de personas de las diversidades sexuales o de género. Para empezar, el informe abunda acerca de una intersección compleja, en términos de garantía de los derechos: la de la diversidad de orientación sexual o identidad de género y el desplazamiento forzoso. Ambos temas, de suyo, articulan situaciones en las que poblaciones muy diversas se enfrentan a violencia, discriminación y restricciones que imposibilitan el ejercicio de sus derechos. Pero cuando se trata de la intersección entre el desplazamiento forzoso y las poblaciones LGBTQI+, los problemas se agravan a tal grado que es evidente que los derechos que pedimos siempre, pero con intensidad particular en el mes de junio, no son derechos extraterrestres, sino los mismos que suelen tener el resto de las personas.
El informe no ignora, por ejemplo, que “sesenta y cinco países siguen criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo; en catorce, la expresión de género tiene carácter criminal y se castiga con penas de prisión y castigos corporales. En doce de esos catorce, el castigo es la pena de muerte”. Considerando esa base, el informe enfatiza que “las personas LGBT se ven desproporcionadamente afectadas por los factores que impulsan los desplazamientos, como los conflictos, la violencia, la persecución, la represión, los desastres y las crisis relacionadas con el clima. En todas las fases de desplazamiento, las personas LGBT desplazadas forzosamente se enfrentan a un riesgo más elevado de violencia, exclusión y abandono. Las barreras estructurales y las prácticas discriminatorias dificultan el acceso a la protección, el reconocimiento legal y servicios esenciales. La persistencia de estos perjuicios provoca múltiples ciclos de desplazamiento, lo que deja a las personas LGBT en situación de vulnerabilidad ante graves violaciones a los derechos humanos”.
No es ociosa la discusión que ofrece el informe, pues sirve para explicar punto por punto la relación perversa entre el desplazamiento forzoso y la forma en que las condiciones de éste repercuten negativamente, de forma mucho más descarnada si cabe, en las personas LGBT+. Señala, por ejemplo, que “la criminalización facilita que las fuerzas de seguridad del Estado y otros funcionarios gubernamentales cometan abusos, incluidos graves atentados contra la vida privada, como redadas ilegales en domicilios privados y técnicas para tender trampas en el mundo digital”. Los casos a este respecto son conocidos en el ámbito internacional, destacadamente en países con penas graves para la diversidad de orientación sexual e identidades de género.
Otro de los elementos importantes es que “la represión no se limita a los contextos caracterizados por la criminalización. En todo el mundo se ha utilizado a las personas LGBT+ como chivos expiatorios tras períodos de inestabilidad política y crisis […] todo ello para desviar la atención de un fracaso más amplio del Estado”. Esto se ha traducido sistemáticamente en la promulgación de leyes discriminatorias, en la emisión de regulaciones administrativas limitando o impidiendo el trabajo desde el espacio de sociedad civil, entre otras estrategias restrictivas de los derechos. No es menor decir que estas acciones son las más laxas, hay otras excesivas que atentan no sólo contra los derechos de las personas LGBT+, sino contra su vida. No hay sólo estrategias de persecución política, también de discriminación, violencia deliberada y otro tipo de transgresiones al sentido más elemental de humanidad que redundan en expulsiones forzosas de las personas de sus lugares de origen y/o residencia, exponiéndolos al exilio, pero también a las vicisitudes vinculadas al acceso a sus derechos en otros territorios. Se trata de un entorno de intersección en el que se añaden vulnerabilidades a los colectivos y las poblaciones históricamente tratados de forma injusta, discriminados y violentados.
El informe concluye, entre otras consideraciones finales, con un énfasis que no debemos soslayar: “las organizaciones de la sociedad civil son actores fundamentales en la protección, el acceso a servicios clave y la promoción de los derechos de las personas LGBT+ desplazadas. Lamentablemente, su labor se ve menoscabada por las tendencias mundiales actuales de recortar la ayuda humanitaria y al desarrollo. En este contexto, la colaboración intersectorial entre las organizaciones no gubernamentales humanitarias internacionales y las organizaciones de defensa de los derechos de las personas LGBT+ seguirá siendo una fuente de apoyo esencial para las personas LGBT+ desplazadas”.
En un escenario internacional en el que el trabajo desde sociedad civil organizada y la defensa y promoción de los derechos humanos sigue siendo demeritado, disminuido y atacado, no es menor insistir en que, cuando pedimos respeto a nuestros derechos como personas LGBTQI+, no queremos “privilegios”, lo que exigimos, cada día, de cada mes, pero colectivamente en junio, es la misma base de la que parten todas las demás personas. La vida no puede ser una para la mayoría y otra, limitada, para quienes nos identificamos como personas LGBT+. En 2025, decir esto debería ser innecesario. No lo es, lamentablemente.
* Jaime Hernández Colorado (@jhcolorado) es director de Nosotrxs.
Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/mes-orgullo-no-exigimos-privilegios