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3º informe de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos

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Partidos políticos opacos ante la ciudadanía

 

Los partidos políticos incumplen en promedio un tercio de sus obligaciones de transparencia. Cuatro de siete partidos políticos reprueban la evaluación de transparencia.

Los partidos políticos prefieren “llenar los expedientes burocráticos” para cumplir ante los requisitos mínimos de cumplimiento, antes de preocuparse por probar ante los ciudadanos qué hacen para representar sus intereses.

 

De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), los partidos políticos deben explicarnos a los ciudadanos cuáles son sus metas y sus objetivos, en qué y cómo gastan los recursos públicos, cuál es su estructura, quiénes son sus militantes, quiénes son los responsables de la elección de sus candidatos, con quién mantienen contratos y convenios, cómo eligen a sus dirigentes y cuáles son las resoluciones de la autoridad electoral sobre sus ingresos y sus gastos, por mencionar solamente las fundamentales.

De las 63 obligaciones establecidas en los artículos 70 y 76 de la LGTAIP, los partidos políticos incumplen en sus portales de Internet en promedio casi un tercio: 17 de ellas. En cuanto a las que cumplen, observamos que hay variaciones notables en calidad y en cantidad; las actualizaciones no son sistemáticas y, a pesar de que el artículo 62 de la LGTAIP establece que los partidos políticos deben poner al día su información de manera trimestral, esto no sucede.

Asimismo, el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los portales de Internet es muy distinto al que se registra en la plataforma del SIPOT del INAI (ver gráfica). En algunos casos, el cumplimiento es nulo o prácticamente inexistente, lo que revela el menosprecio de esa vía de comunicación directa con la ciudadanía. Los partidos políticos han preferido “llenar el expediente burocrático”, exigido por el órgano garante de la transparencia (INAI), para evitar sanciones, antes que probar ante los ciudadanos qué hacen para representar sus intereses, para legitimar al régimen político, para construir confianza ciudadana o para resolver demandas sociales.

Frente a este pobre cumplimiento, vale la pena recordar que los partidos políticos reciben cantidades millonarias de recursos públicos. Tan sólo en 2019 MORENA recibirá 1,567 millones de pesos y, sin embargo, apenas cumple con el 8.8% de sus obligaciones de transparencia en su portal y con el 75.8% en el SIPOT. De manera semejante, el PAN recibirá 861 millones de pesos, pero sólo cumple con el 3.7% de sus obligaciones en su propia plataforma y con el 80% en el SIPOT.

Para Nosotrxs, esta evidencia es suficiente para afirmar que, más allá del momento político en que se encuentren (antes de campaña, durante las campañas o después de ellas), los partidos políticos no se han comprometido seriamente con la transparencia como un valor fundamental de la vida democrática. Observamos que acceder a la información pública de los partidos es un proceso complejo y muy poco amigable; que homogeneizar la información de los sujetos obligados en formatos de Excel no significa que la información contenida en dichos formatos sea de calidad ni mucho menos de fácil acceso; y que el cumplimiento formalista y burocrático de las obligaciones de transparencia no se traduce en apertura y rendición de cuentas de los partidos hacia los ciudadanos.

La transparencia no es un trámite, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado sin cálculos políticos ni titubeos por las autoridades del Estado. Los partidos deben asumir la tarea de impulsar de forma proactiva la congruencia entre sus ideales y sus acciones, entre sus objetivos y resultados y presentar toda su información al juicio crítico del pueblo al que se deben. Por su parte, los órganos autónomos responsables de la gestión electoral y de garantizar la transparencia, deben actuar con energía para cumplir con las obligaciones que les han sido encomendadas y darse a la tarea de exigir a los partidos que cumplan de inmediato con los mínimos establecidos en la ley, sin excusas ni pretextos.

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