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Ciudadanos contra la corrupción

La administración de Enrique Peña Nieto se va acompañada de la sombra de corrupción e ineficacia para resolver los problemas de seguridad. Las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) nos dicen que este año hubo un promedio de casi 4 víctimas por hora. Dicha cifra está por encima de los registros del sexenio de Felipe Calderón.

El tema de la corrupción se hizo medular después de casos emblemáticos como la ‘Casa Blanca’, la ‘Estafa maestra’ y ‘Odebrecht’. Únicamente mencionando algunos casos que se encontraron en el ámbito federal. Pese a que hubo cambios en el ámbito institucional, para combatir a la corrupción, estos no lograron materializarse en acciones que beneficiaran a la ciudadanía en el corto plazo. Los procesos de reforma institucionales se aletargan dependiendo de la voluntad política y contexto social, lo que les otorga ritmos distintos en el país. Hay estados que han establecido sus propios formatos de declaración patrimonial y de interés. (CPC del SNA).

En lo referente al ámbito estatal, los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) 20 estados de la República no han puesto en marcha sus sistemas en anticorrupción, mientras que 2 ni siquiera han realizado las modificaciones constitucionales necesarias. Si bien es posible que exista voluntad legislativa para integrar el marco necesario, puede que no la haya al momento de asignar recursos. 22 entidades no han destinado financiamiento al funcionamiento adecuado de sus sistemas anticorrupción.

El SNA tuvo un duro nacimiento y el camino parece aún complicado. Sin embargo, hubo algunos logros destacables. Por ejemplo, el SNA contempla espacios de participación ciudadana formales, en los que a la cabeza del comité coordinador se tiene a un representante de la sociedad civil, a un ciudadano. Además de que fue la propia ciudadanía quien empujó para incluir, dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración ‘tres de tres’.

El descontento contra la corrupción no ha podido capitalizarse para fortalecer los procesos institucionales de manera más acelerada, dado que la ciudadanía da por sentada la impunidad que impera. En la Consulta Ciudadana realizada vía online, el 42% de los participantes consideraron que el que “los corruptos no enfrenten sanciones ni consecuencias por sus actos” es la principal causa de la corrupción. En contraste, en la parte “Propuestas para combatir la corrupción” la segunda más seleccionada fue “establecer programas de estudios diseñados para explicar”, mientras que como acción prioritaria “el cambiar el comportamiento de cada ciudadano” también se dio como una de las más votadas.

Esto da pauta a repensar las formas en las que buscamos involucrar a la ciudadanía en esta lucha. Hay un desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana existentes y cuáles son las posibilidades de involucrarse en el diseño de marcos normativos por parte de los ciudadanos. Sin embargo, si logramos superar este desafío y crear los incentivos necesarios, podemos involucrar al ciudadano como mecanismo de control contra corrupción. Entendiendo esto como una actividad de fiscalización, es decir, de evaluación y revisión de las acciones del gobierno, considerando su veracidad, racionalidad y apego al derecho.

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