Publicado en El Universal
Las recomendaciones de la CNDH han irritado mucho al gobierno federal. No acepta que ninguna de las decisiones que ha tomado amerite las observaciones de ese organismo, cuyo propósito es garantizar la vigencia de los derechos ya ganados. Esa reacción no es cosa nueva: a ningún gobierno le gusta que el ombusdman se meta en sus terrenos. Lo nuevo es el tono virulento y retador de los alegatos esgrimidos para desconocer las recomendaciones emitidas, que confirman que el Ejecutivo está dispuesto a desconocer y, si es preciso, a devastar cualquier obstáculo que se le oponga. No van contra el mensaje sino contra el mensajero.
Están cometiendo un grave error. Por buenas que sean las intenciones de quienes hoy dirigen al Ejecutivo, ningún gobierno es infalible y ninguno está salvo de cometer excesos. Tampoco es infalible la CNDH, pero lo cierto es que sus atribuciones son muy limitadas. De modo que acusarla de haberse convertido en “un instrumento de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticias, corrupción y privilegios” durante todo el periodo previo, es simplemente inaceptable. Es mentira que Luis Raúl González Pérez no haya exigido justicia frente a las infamias cometidas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y más falso aún, es acusarlo de haber emitido una recomendación sobre las estancias infantiles “por motivaciones políticas y por consigna de intereses creados”. Es potestad del Poder Ejecutivo aceptar o rechazar las recomendaciones de la CNDH, ofreciéndoles respuesta. Pero descalificar a la institución con insultos y acusaciones falsas para ignorar su intervención, es una prueba inequívoca de intolerancia.
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