Autor: José Alberto Plascencia Jiménez
Maestro en bioestadística con especialidad en análisis de datos en políticas de salud por la Universidad de Nueva York.
Twitter: @Josplascencia
Hace ya una década, mientras aún era estudiante de medicina caminando por los pasillos del Hospital Civil de Guadalajara, era común ver pacientes hospitalizados por complicaciones de una infección por el virus de la Hepatitis C que no había sido diagnosticado tempranamente. La mayoría de estos pacientes sufría una muerte prolongada y agónica, y poco podíamos cambiar su curso con las opciones limitadas de tratamiento con las que contábamos.
En 2014, los esfuerzos revolucionarios de la ciencia nos ofrecieron una cura para la Hepatitis C: una tableta diaria que eliminaba el virus en 12 semanas y con una efectividad del 95%. ¿Por qué entonces, casi 10 años después, mientras trabajaba ya como médico en los Servicios de Salud de Urgencias en mi municipio, seguía atendiendo pacientes que morían por una infección de Hepatitis que desconocían y sin acceso a tratamiento? Los avances científicos son solo la punta del iceberg para lograr los objetivos internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de erradicar las hepatitis virales en 2030. Mis pacientes tenían algo en común, pertenecían a los grupos poblacionales más marginalizados y vulnerabilizados. Las inequidades sociales perpetúan las injusticias en salud, y la continuación de las desigualdades es, fundamentalmente, una decisión política.
Los sistemas de salud son destino y origen de las inequidades estructurales, pero también son un potencial vehículo para alcanzar la justicia social. Este objetivo requiere que el sistema de salud mexicano atraviese un cambio estructural radical para ser capaz de incorporar acciones multidisciplinarias en todos los niveles de atención. Y solo será posible si cambiamos nuestro enfoque desde la atención clínica del individuo hacia un modelo social y comunitario, es decir, si nuestros esfuerzos son dictados por los pilares de la salud pública. Debemos implementar esfuerzos en educación científica y social, prevención e innovación, empoderamiento y participación ciudadana, comunicación clara y concisa de paquetes de atención, y principalmente, desarrollo de políticas públicas con participación activa de todos los actores políticos y privados.
El Programa Nacional de Eliminación (PNE) de Hepatitis C, liderado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA) es un paso significativo hacia esta idea de cambio radical. El programa evolucionó desde un Consenso mexicano en 2018, a un Programa de Acción Específica y posteriormente a su incorporación en el Plan de Desarrollo de Salud 2018 – 2024. Desde su inicio en 2020, ha capacitado a 198,111 profesionales de la salud, incrementando la capacidad de diagnóstico y detección oportuna, y con ello incrementado las unidades de diagnóstico de Hepatitis C de 42 en 2020 a 629 en 2023 alcanzando así 840,563 pruebas realizadas, con 18,457 casos reactivos identificados. El acceso al tratamiento también mejoró, al menos en papel. El precio de un tratamiento completo de Hepatitis C por persona rondaba los $84,000 dólares en 2018 (el equivalente a $1,489,803 pesos mexicanos), esto sugeriría que el costo era el impedimento para lograr la cobertura total en curación, sin embargo, uno de los principales pilares para alcanzar acceso universal al tratamiento también fue la negociación directa de costos con la industria farmacéutica, a través de los mecanismos usados en otras experiencias, como la negociación de costos en tratamiento para VIH, logrando reducir el precio del tratamiento a $65,000 pesos por persona. Estos mecanismos esperan alcanzar la meta de la Organización Panamericana de Salud (OPS) de mantener los tratamientos con un costo entre $80 y $150 dólares por persona.
La experiencia nacional con el tratamiento de VIH proporcionó también las bases para la atención clínica y distribución de los tratamientos, utilizando las estructuras locales y regionales para llevar los medicamentos a las clínicas de atención especializadas y proveer atención clínica puntual. Sin embargo, uno de los primeros aportes del PNE de Hepatitis C al cambio de paradigma en la salud púbica de México es el enfoque de la atención médica en un modelo basado en el nivel de atención primaria de salud. Esto implica asegurarnos que el personal de salud esté plenamente capacitado para diagnosticar, brindar atención y seguimiento a un paciente con diagnóstico de Hepatitis C (educación), que las unidades de salud cuenten con las herramientas adecuadas (financiamiento), y que la atención sea de calidad e integral, es decir, que involucre soporte clínico, psicológico, social, y político (transversalidad).
Aquí reside nuestra mayor debilidad. En México, a menudo se argumenta que los cambios sociales transformativos no suceden for falta de voluntad política. Sin embargo, este término es una simplificación: la voluntad política es la combinación entre facilitadores estructurales y oportunidades políticas en un momento determinado. El caso de cómo Egipto logró erradicar la Hepatitis C en 2023 es un ejemplo perfecto de ello. Combinando decisiones basades en evidencia, y con el apoyo de organismos internacionales, diseñaron una campaña cuya intención no solo era erradicar la hepatitis C, sino transformar profundamente el sistema de salud nacional con el objetivo de lograr cobertura universal y mejorar la atención de salud pública de todas las enfermedades.
Estas lecciones desde el sur global son invaluables. México debe adoptar este enfoque holístico y ambicioso, que vea más allá del modelo médico-individual. Al abordar las disparidades sociales y fomentar el compromiso político, podemos traducir los avances científicos en una equidad en salud tangible, asegurando que nadie quede atrás en la lucha contra la Hepatitis C.
Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/hepatitis-c-eliminacion-lecciones