Publicado en El Universal
Por Mauricio Merino
La administración pública debe otorgar estabilidad a los cursos de acción del Estado a través de sus leyes e instituciones. El entramado de oficinas, cargos públicos, programas y reglas de operación que la integran no está diseñado con la lógica de un partido en el que los militantes comparten una lealtad y se organizan en torno de un programa político, ni tampoco conforme a la mecánica de una empresa privada, en la que los dueños imponen las metas y las estrategias que han de obedecer los empleados. No es partido ni empresa.
Uno de los mayores errores cometidos por la versión mexicana del neoliberalismo fue creer que las oficinas públicas podían funcionar como empresas privadas, que sus directivos no eran funcionarios sino gerentes, que los ciudadanos eran los clientes y que los empleados no respondían a las reglas generales sino a su propia creatividad. Como si darle viabilidad administrativa al cumplimiento de las leyes y garantizar los derechos equivaliera a vender Coca Colas o administrar Walmart, al comenzar el siglo XXI se fueron imponiendo el lenguaje y las prácticas de la iniciativa privada, con una visión que corrompió y dio al traste con la eficacia de los gobiernos.
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