Este año se conmemoran 51 años de la matanza de Tlatelolco. La memoria colectiva mantiene vivo el recuerdo de aquella injusticia. Son las voces que gritan su justicia, en marchas o en foros, quienes no permiten que el silencio se convierta en olvido.
La memoria es obstinada, no se resigna a quedar en el pasado, insiste en su presencia. Abrir los diarios de la memoria de los países que han transitado por épocas dictatoriales, puede asemejarse a transitar por un túnel del tiempo. En donde se confronta el presente democrático con las instituciones que coadyuvaron, en cierta época, a imponer un modelo.
Esto a su vez conlleva una serie de problemáticas económicas, políticas y policiales de coyuntura. Un pasado que se niega a “pasar” ante las deudas históricas con la sociedad. Ante la falta de accesos concretos a la verdad, la justicia y garantía de no repetición.
Hay que comprender que las memorias representan procesos subjetivos que se encuentran sujetos a las experiencias, materiales y espacios simbólicos. En ellas hay un constante contexto de disputa y conflicto, en donde convergen las luchas de los participantes con el marco de su relación con el poder.
Y es que una vez que se ha transitado de un régimen dictatorial a uno democrático se instalan una serie de mecanismos en el nivel de procedimientos formales. Es en donde desafío, para acceder a la verdad y la justicia, se traslada al desarrollo y profundización institucional.
La llegada a la presidencia de Vicente Fox implicó la creación de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. El nombre dice mucho pero los resultados fueron nulos. Sin embargo, para algunas víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como Martha Camacho Loaiza, se permitieron abrazar una pequeña esperanza de justicia.
Ella acudió a denunciar su desaparición forzada y la de su esposo. El fue torturado y ejecutado extrajudicialmente, frente a sus ojos, en el año de 1977. Fue arrestada en Culiacán, Sinaloa, por militares e integrantes de la extinta Dirección Federal de Seguridad.
El posterior proceso legal no tuvo resultados alentadores. Para el año de 2013 la Procuraduría General de la República le notifico que no podría haber acción penal por el caso de su esposo asesinado. Se argumentaba que los delitos habían prescrito.
Un fallo judicial posterior permitió que estas graves violaciones, fueran tipificadas como crímenes de lesa humanidad y que el caso mantuviera su vigencia. Recientemente, el 23 de septiembre el Estado Mexicano le ofreció una disculpa publica.
Es la primera vez que el Estado se disculpa con una víctima de desaparición forzada de la llamada “Guerra Sucia”. La importancia de esto recae en la construcción de una memoria narrativa como sociedad. Las memorias individuadles están enmarcadas siempre socialmente. Dichos marcos son una representación general, de sus necesidades y valores.
Fue la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ofreció una disculpa por la tortura a la que fue sometida, Martha Camacho, y por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de su esposo, Manuel Alapizco Lizárraga. El proceso judicial sigue su curso, aún se abraza la posibilidad de lograr justicia.
Diría Bourdieu que la eficacia del discurso performativo es proporcional a la autoridad de quien lo enuncia. Aceptar lo sucedido, dar reconocimiento legitimo a quienes denuncian o piden justicia por los crímenes perpetrados, es el primer paso. Queda pendiente una verdadera política de justicia transicional que dé paso el acceso a la justicia y la memoria.
Si bien México no ha transitado por una dictadura, la ola de violencia actual nos obliga a pensar en maneras de abordar sus secuelas; a no caer en el olvido evasivo; a no olvidar los cientos de inocentes cuyos nombres pierden el día.
