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En Tlaxcala #SomosIguales

Publicado en El Sol de México

#SomosIguales, iniciativa presentada el pasado mes de agosto por colectivos de defensa de derechos en Tlaxcala, incluyendo la representación de Nosotrxs en el estado, el mensajero de la paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tiene como objetivo impulsar la igualdad y la no discriminación, mediante acciones como el reconocimiento de la identidad de las personas transgénero y del matrimonio igualitario en el estado, pues a la fecha aún se niegan estos derechos a la población tlaxcalteca.

Eréndira Jiménez, representante Nosotrxs en Tlaxcala, señaló que promoverán ante el Congreso local la reforma al artículo 46 del Código Civil para que sea reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la creación de la Ley de Identidad Sexogenérica.

“La sociedad tlaxcalteca no se puede sostener como igualitaria con la existencia de grupos a los que se les niegan derechos y la libertad de elegir. No podemos seguir permitiendo que haya personas de primera y de segunda”, remarcó.

Al ratificar su suma a esta campaña, representantes de diversas organizaciones civiles y empresarios, coincidieron en que Tlaxcala sigue siendo una entidad donde se discrimina y se vulneran derechos humanos, empezando por los servidores públicos, quienes no sólo deberían respetarlos, sino garantizarlos.

En este evento, Paola Jiménez, integrante del Parlamento Juvenil 2019 y persona trans, ejemplificó la problemática que ello implica, pues a pesar de que en marzo obtuvo el reconocimiento de su identidad en la Ciudad de México, hasta la fecha no ha obtenido respuesta por parte del Registro Civil de la entidad, lo cual se ha vuelto un impedimento para realizar diferentes trámites.

Sin duda, en este tema, los legisladores locales deberán refrendar su papel de agentes promotores de derechos humanos, que respetan y defienden los criterios de igualdad y no discriminación establecidos en la Carta Magna.

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Lanzan campaña a favor de los derechos LGBT+

Publicado en La Jornada de Oriente

Con la etiqueta Somos Iguales, activistas presentaron una campaña encaminada a lograr el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad Sexogenérica, pues a la fecha aún se niegan estos derechos, incluso denunciaron que el titular de la Coordinación del Registro Civil del Estado (CRCE), Alfonso Carmona Vega, se niega a resguardar el acta primigenia.

Estas acciones a favor de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ), tienen el objetivo de impulsar la igualdad y la no discriminación, consagradas en la Constitución federal.

En rueda de prensa, Eréndira Jiménez Montiel, representante de la asociación civil Nosotrx en Tlaxcala,  puntualizó que promoverán ante el Congreso local la reforma al artículo 46 del Código Civil para que sea reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, y la creación de la Ley de Identidad Sexogenérica.

Enfatizó que la sociedad tlaxcalteca no se puede sostener como igualitaria con la existencia de grupos a los que se les niegan derechos y la libertad de elegir. “No podemos seguir permitiendo que haya humanos de primera y de segunda”.

Al ratificar su suma a esta campaña, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y  empresarios coincidieron en que Tlaxcala “sigue siendo” una entidad donde se discrimina y se violentan derechos de la población LGBTTTIQ.

Paola Jiménez, integrante del Parlamento Juvenil 2019 y persona trans, resaltó que se requiere de un marco normativo efectivo, pues las personas que enfrentan su misma situación están en calidad de indocumentadas porque civilmente no han conseguido cambiar su identidad de género.

Indicó que cinco tlaxcaltecas han logrado el cambio de género en su acta de nacimiento, pero al menos hay otros dos pendientes, pero que hay otros dos casos pendientes, en los que se incluye el suyo.

“Ambas fuimos a la Ciudad de México para hacerlo, regresamos al estado y fuimos a la Coordinación del Registro Civil del Estado y nos enfrentamos ante la discriminación del coordinador al decir escudarse cobardemente que el Código Civil no prevé el resguardo del acta (primigenia, es decir aquella emitida originalmente con el nombre y género con los que no se identifican) y por tanto promovimos un amparo”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) apoya en estos asuntos, ya que también hay una solicitud más pero está en espera porque no hay un marco normativo, “lo cual no es justo que tenga que seguir el mismo camino en la Ciudad de México, pues ello implica tiempo, esfuerzo y gastos… muchos trámites quedan a la mitad”, indicó.

Por tanto, remarcaron que en el CRCE de Tlaxcala hay discriminación por parte de su titular, pese a que presentaron un oficio de la capital del país en el que se establece que todo proceso efectuado en oficinas centrales de Registro Civil tiene validez y que los estados tienen la obligación de hacer lo pertinente.

Resaltó la problemática que ello implica, pues no ha concluido su trámite, ya que en marzo obtuvo el reconocimiento de su identidad sin que a la fecha haya un avance en la respuesta de la instancia local. “Recurrí al amparo para poder realizar otros procedimientos legales, como el del título profesional; concluí la licenciatura de psicología y quiero que este documento salga con el nuevo nombre y para ello necesito el resguardo del acta”.

Eréndira Jiménez agregó que en el caso de matrimonios igualitarios, cinco son los que se han celebrado bajo el amparo de la justicia, “aunque hay muchos más que se llevan a cabo sin darse a conocer públicamente, aunque sea mediante un juicio, pero no podemos seguir litigando derechos humanos”.

Esta campaña Somos Iguales también será impulsada por el mensajero de la paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Eduardo Carreón.

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Los derechos no se litigan ni se condicionan a criterios: Nosotrxs

Legisladores no pueden jactarse de ser incluyentes cuando promueven obstáculos para el ejercicio de los derechos humanos.

Publicado en Quadratín

TLAXCALA, Tlax., 22 de agosto de 2019.- Asociaciones en pro de la defensa de los derechos humano y la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Intra sexual (LGBTI) encabezados por el colectivo “Nosotrxs” presentaron la campaña #SomosIguales cuyo objetivo principal es generar las condiciones para el reconocimiento de la identidad de las personas transgénero y los matrimonios igualitarios en el estado de Tlaxcala, así lo explico, Eréndira Jiménez Montiel.

La activista sentenció que los derechos no deben litigarse, ni condicionarse a criterios particulares, pues las autoridades están obligadas a actuar con criterio amplio libre de cualquier corriente ideológica, para la aplicación de la ley de manera objetiva.

En otro punto Jiménez Montiel denunció que en la entidad prevalece la discriminación a la comunidad LGBTI, por lo que no es posible sostener que se vive en una sociedad igualitaria e incluyente, porque no existe el respeto a los derechos humanos de este sector social.

También detalló que esta campaña tiene como objetivo lograr la aprobación de la Ley de Identidad Sexo genérica y del Matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que maximizaría la inclusión de los principios institucionales de igualdad y no discriminación.

Eréndira Jiménez Montiel señaló que los legisladores deben actuar con criterio amplio como agentes promotores de derechos, además de ser personas que defiendan las garantías individuales, por lo que no pueden jactarse de ser incluyentes cuando lejos de combatir, promueven obstáculos para que las personas sin importar su raza, religión, preferencia sexual, condición económica o de salud puedan gozar de sus derechos.

Esta campaña se realizará de forma temporal y esperan dentro de un par de meses estar viendo resultados de las iniciativas que presentaran ante el poder legislativo local, además de fortalecer las ya presentadas por la activista Paola Jiménez, que participo en la octava edición del parlamento juvenil, siendo la primera representante transgénero en congreso de Tlaxcala.

Además de representantes de diversas asociaciones activistas, acudió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Cid del Prado Pineda, para refrendar su respaldo a las causas que buscan una mejor calidad de vida en sociedad.

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La deuda con los consejos locales para prevenir la discriminación

Publicado en El Sol de México

Por Daniel Alemán

El año pasado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), cumplió 15 años; 15 años, de construir y elaborar políticas públicas bajo la premisa de tener un México con mayor igualdad, donde cualquier persona que se encuentre en territorio nacional, pueda gozar de sus derechos bajo la protección del Estado mexicano y sus leyes.

Debemos recordar que hoy en día, el trabajo de Conapred resulta fundamental como organismo público. El mismo abarca desde la impartición de cursos, talleres y diplomados, hasta la elaboración de planes, programas y políticas que dan valor a la agenda pública en materia de igualdad y no discriminación en todo el país.

Razón de lo anterior que resulte titánica la labor de llevar estos esfuerzos a todas las entidades y municipios del país, sin dejar de atender las tareas que, como organismo federal ya tienen. Por ello, existen diversos avances para integrar consejos locales. Tal es el caso del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), así como el Consejo para Prevenir la Discriminación y la Violencia de Michoacán.

Podemos afirmar que en la gran mayoría de las entidades del país, se han establecido las leyes correspondientes para prevenir y sancionar la discriminación, no obstante, solamente cuatro entidades contemplan la creación de los consejos locales en su legislación.

Vale la pena mencionar los casos de Querétaro, que tiene hasta un reglamento municipal que crea dicha figura, y por el otro lado el caso de Baja California Sur, que a nueve años de haber creado la figura del Copred en su legislación, incluyendo su obligatoriedad jurídica, aún no se ha realizado la instalación del Consejo.

Por su parte, en los estados de Hidalgo y Tlaxcala se han celebrado espacios en coordinación con Conapred en los cuales se plantea la necesidad de instaurar los consejos locales antidiscriminación.

En nuestro país, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 nos muestra una cruda realidad: 1 de cada 5 personas mayores de 18 años han sido objeto de discriminación. El motivo más común es su apariencia. Así mismo, entre los tipos de discriminación más frecuentes en nuestro país se encuentran la orientación sexual, el género, el tono de piel y la edad.

La atención oportuna por parte del Estado en materia de igualdad y no discriminación, es fundamental para el cumplimiento de los derechos humanos, ya que al no atender la discriminación, se niegan estructuralmente otros derechos, tales como la salud, la educación, el acceso a la vivienda, la seguridad…

En Nosotrxs estamos comprometidos con el combate a la vulneración de derechos, es por ello que buena parte de la agenda de quienes integramos este Movimiento, contempla la creación de estos consejos en diversas entidades.

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Sin acceso pleno a derechos

Publicado en El Sol de México

Por Eréndida Jiménez Montiel

La Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada con fecha 10 de junio del 2011, mediante la cual se modificó el concepto de las “Garantías Individuales”, que databa de la promulgación de la misma en 1917, por el de los “Derechos Humanos y sus Garantías”, además de significar una homologación –tardía– de nuestra Carta Magna a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por Naciones Unidas en 1948 y suscrita por el Estado Mexicano ese mismo año, ha sido uno más de los intentos, quizá el mayor, por tratar de remediar la mala imagen que pesa sobre él, de no ser un garante efectivo para el respeto pleno a los derechos de las personas.

Resulta evidente sin embargo que la mera inclusión de un derecho en el marco jurídico no basta para que su acceso esté garantizado para todas las personas, ya que, las diferencias económicas, culturales, políticas, de capacidades, orientaciones e identidades, entre otras, se convierten en barreras que dificultan para muchos el poder gozar de un derecho establecido con la misma facilidad que otros segmentos sociales tienen para ello, lo que obliga a buscar más allá del reconocimiento de un derecho, para establecer los mecanismos que hagan efectiva su implementación universal.

En complemento a la Reforma Constitucional de 2011, la publicada el 6 de junio de 2019, que tuvo efecto, entre otros, sobre el artículo 35, que cambió el concepto de “derechos del ciudadano” por el de “derechos de la ciudadanía”, a lo que se agregó en la fracción II del mismo artículo, el derecho de: “[…]Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley…”, lo que, además de volver incluyente su redacción, abrió la puerta a un sinfín de posibilidades a favor de poder entablar controversias jurídicas que tengan como finalidad obligar al establecimiento de medidas para salvaguardar un derecho universalmente reconocido.

Si bien en la misma Reforma Constitucional de junio de 2019, ya se aplicó el principio de paridad de género, en el artículo 41, esto es sólo indicativo, más no limitativo, de una posibilidad en su uso, por lo que puede argumentarse para otros segmentos de nuestra sociedad, los cuales, deberían también tener un acceso garantizado a la representación popular de manera proporcional al que su número significa dentro del total de la población, ya que la defensa de intereses de clase o segmento, jamás podría estar mejor representada ante un cuerpo legislativo que por uno de sus miembros. Ojalá que la sociedad mexicana sepa aprovechar esta posibilidad que ha quedado abierta en nuestro marco constitucional, a través del establecimiento del principio de paridad que, siendo un derecho político, es parte indiscutible de los Derechos Humanos.

 

AGA

Segunda Cumbre de Gobierno Abierto

Publicado originalmente en El Sol de México

Por Germán Morales Enrique

Del 6 al 8 de mayo, se llevó a cabo la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México. Después del penoso asunto del espionaje a periodistas y activistas por parte de la administración de Enrique Peña Nieto, el núcleo de organizaciones no gubernamentales de la Alianza por el Gobierno Abierto, se retiró del ejercicio, debido a que no existían las condiciones para seguir llevando a cabo las actividades del plan de acción. Ante ello, la anterior administración decidió publicar un reporte de resultados del Tercer Plan de Acción que no cumplía con el esquema de trabajo acordado originalmente.

 Mientras tanto, las organizaciones ciudadanas, elaboraron un reporte sombra que presentaron a la opinión pública, el cual contrastaba con el publicado por el gobierno. El diálogo y trabajo entre gobierno y sociedad civil bajo este mecanismo, se interrumpió por poco más de dos años.

Con el inicio de la nueva administración federal, se reanudaron las pláticas entre las organizaciones de la sociedad civil, el ejecutivo federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El producto de este proceso de reconciliación es el Cuarto Plan de Acción de la alianza del gobierno abierto que será presentado durante este mes.

De igual forma, el núcleo de gobierno abierto, ha lanzado una convocatoria para ampliar la gama de organizaciones y ciudadanos que integran la Alianza para el Gobierno Abierto e impulsar iniciativas que se generen dentro del ámbito local con una visión territorial de participación ciudadana.

Este ejercicio será determinante para ver si existe el ánimo de innovar y modificar comportamientos en el plano gubernamental en favor de transitar hacia un modelo de apertura gubernamental.

En algunas de las entidades se replica el esquema de gobierno abierto con el impulso de los organismos garantes de transparencia locales.

El funcionamiento de estos ejercicios comienza con la cooperación entre estos últimos, el INAI, los gobiernos locales y las organizaciones ciudadanas de los estados y posteriormente se integra al proceso el Secretariado Técnico local, que se conforma de manera distinta, dependiendo de la decisión de cada estado.

En Zacatecas, por ejemplo, este instrumento lo impulsa el órgano de transparencia, un representante del Ejecutivo, uno del Legislativo, uno del Judicial, un representante de los organismos autónomos estatales, el núcleo de sociedad civil y representantes de dos ayuntamientos.

Desde este Secretariado Ejecutivo, se lanza una convocatoria para elegir temas de interés que la sociedad propone para convertirse en los compromisos que tendrán que ejecutarse bajo los criterios de gobierno abierto. Al igual que en la entidad mencionada, en Oaxaca, Veracruz, Durango y Jalisco, también se trabaja el Segundo Plan de Acción Local.

Los asuntos son distintos y van desde proyectos de movilidad urbana, seguridad, rendición de cuentas, hasta promulgación o modificación de ordenamientos.

En Zacatecas se han trabajado, en el primer y segundo Plan de Acción Local, ejercicios como el lanzamiento de portales de internet como Follow the Money sobre un empréstito del anterior gobierno estatal y un observatorio de sitios patrimonio histórico, iniciativas de cabildo abierto en dos municipios, un nuevo código urbano, entre otros.

Es perentorio que la gente se interese más por tener un gobierno abierto que no solamente se reduzca a datos abiertos o a gobierno electrónico, sino que este ejercicio apunta a que las decisiones que toman las autoridades, sean orientadas a las necesidades o prioridades de la comunidad. Los retos para consolidar estas iniciativas son que el gobierno deje de simular y deje de poner resistencias a diversas iniciativas ciudadanas.

De igual forma, otro desafío es hacer del conocimiento del mayor número de personas, a qué nos referimos cuando hablamos de gobierno abierto y a que las iniciativas que se trabajen no se queden en actividades que se llevaron a cabo para salir del paso; que no mueran inmediatamente después de haber nacido.

Playas de Tijuana

El ejercicio ciudadano del Colectivo Playas de Tijuana

Publicado en Animal Político

Por: Cristobal Rodas y Alexander Dey

Que el ejercicio de la ciudadanía en México sea una actividad desafiante y excesivamente frustrante es una realidad a la que hemos preferido acostumbrarnos, y las razones sobran: legislación obtusa, negligencia e incompetencia institucional generalizada, corrupción y apropiación de las funciones públicas para fines privados e incluso el uso de la violencia física que no en pocos casos culmina en tragedias mortales.

Nosotrxs creemos firmemente que tales razones no constituyen un motivo para preferir acostumbrarnos al hecho de que la participación ciudadana en México sea sinónimo de dolor de cabeza. Optamos, más bien, por perseverar en la promoción y construcción de la vida democrática. Porque poco a poco se vislumbran cada vez más logros y conquistas que motivan a continuar en la exigencia de libertades y la defensa de nuestros derechos.

En Nosotrxs trabajamos diariamente para generar espacios de aprendizaje y autogestión de causas orientadas a la defensa de derechos, porque hemos reconocido que solo así se puede realizar un cambio profundo en los métodos que se han empleado usualmente para formar ciudadanía y solo así, podremos obtener resultados distintos.

Un caso que refleja muy bien este ímpetu y que vale la pena compartir, es la defensa de las áreas naturales protegidas que ha mantenido el colectivo de Playas de Tijuana de nuestra representación en Baja California. Esta historia ejemplifica muy bien nuestro ánimo de organizarnos para hacer frente a los funcionarios déspotas y aprender en conjunto a exigir nuestros derechos de manera colectiva. Quien lea seguramente se sentirá identificado, tal vez no con la forma, pero si con el fondo.

Las máquinas entraron al predio con clave catastral EM-033-231/EM-033-201 en la delegación Playas de Tijuana y comenzaron a mover la tierra. Los vecinos más informados se percataron de que aquel predio estaba designado como área especial de conservación, y de inmediato comenzaron a difundir la información. Otros vecinos aún más informados sabían que aquellos movimientos de tierra presuponían múltiples vulneraciones de derechos y violaciones a una lista extensa de leyes y reglamentos. Una vez comunicada esta información, una comisión de vecinos se hizo cargo de confirmar todo: los mapas de los planes y programas de crecimiento resultaban bastante claros.

Las máquinas seguían moviendo la tierra. Los vecinos, ya enterados de que se trataba de la instalación de una gasolinera, solicitaron por escrito a la autoridad una explicación fundada. La Dirección de Administración Urbana de Tijuana respondió lo siguiente en resumidas cuentas:

“Con respecto al predio de clave catastral EM-033-231 se otorgó licencia de construcción, toda vez que el mismo cuenta con uso de suelo factible para Estación de Servicio Gasolinera y Tienda de Conveniencia: por lo tanto el predio mencionado con anterioridad se apega y cumple con los requisitos necesarios requeridos en las leyes y reglamentos aplicables en la materia”.

Las máquinas comenzaron a construir. Los vecinos, insatisfechos con la respuesta de la autoridad, decidieron solicitar a la misma una copia de todos los estudios, dictámenes y licencias que acreditaran y dieran fundamento a su respuesta. La autoridad simplemente no respondió. Los vecinos lo tenían todo muy claro porque no se trata de una situación nueva: el invasor acredita la adquisición de la propiedad del predio mediante un juicio de prescripción y la autoridad usa el fallo como justificación para todo lo relacionado con la emisión de licencias y permisos de construcción u operación. Nunca queda claro por qué la autoridad lo permite.

La gasolinera comenzó a operar. Algunos vecinos con más conocimiento y experiencia recurrieron al amparo. Nuestro colectivo optó por iniciar con una fase de pedagogía política para encontrar la manera más adecuada de agotar los mecanismos y las instancias, tanto institucionales como jurídicas.

Por un frente decidimos acercarnos al Subcomité Sectorial de Desarrollo Urbano del Instituto Municipal de Participación Ciudadana, con el fin de intentar llegar a un entendimiento y encontrar un lugar en donde pudieran atenderse nuestras demandas. Por otro nos organizamos semana a semana para aprender de manera conjunta todo lo relativo a los aspectos jurídicos.

Descubrimos que la Ley Estatal de Desarrollo Urbano nos otorga, efectivamente, el derecho a solicitar la suspensión de las licencias de operación y construcción en áreas designadas para conservación. Nos atuvimos a los mecanismos establecidos en la Ley y al final nos encontramos con que el Instituto Municipal de Participación Ciudadana y la Dirección de Administración Urbana afirmaban que el Instituto Metropolitano de Planeación autorizó y gestionó los cambios de uso de suelo, pero éste afirma al mismo tiempo que el predio sigue indexado en los mapas como área de conservación ya que nadie ha solicitado o autorizado alguna modificación respecto al uso de suelo.

A la gasolinera le va muy bien. Al día de hoy, después de mucho esfuerzo y desgaste, se ha logrado conseguir una suspensión provisional. Pero la historia en realidad apenas comienza, ya que un kilómetro adelante nuevas máquinas mueven la tierra de nuevo. Mientras el esfuerzo conjunto logra gestionar una declaratoria formal para evitar estas prácticas, toca apoyar, en la medida de lo posible, al colectivo de Playas de Tijuana de Nosotrxs para continuar con la defensa de las áreas de conservación. Zona por zona, predio por predio.

El colectivo ha decidido pasar a una siguiente fase de divulgación, organización y exigencia colectiva. A diferencia de las respuestas de la autoridad, la Ley es muy clara. Los mecanismos son sencillos y ya comenzaron a divulgarse para promover, uno a uno, la participación en esta causa ciudadana.

La historia continúa y es verdad que el final es incierto, pero habremos avanzado en la medida en que cuando menos dejemos claro que ya no pueden seguir haciendo su gestión a modo con toda la comodidad y sin que nadie llegue a exigir que se rindan cuentas. También se habrá avanzado en la medida en que estas acciones sirvan para motivar a las personas a seguir haciendo un esfuerzo por ejercer su ciudadanía.

* Cristobal Rodas y Alexander Dey son integrantes del colectivo Playas de Tijuana y de la representación local del movimiento Nosotrxs en Baja California.

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Por una reconstrucción transparente

Por Yessica Corral Urbina, secretaria técnica de Nosotrxs CDMX

Desde el sismo del 19 de septiembre de 2017, Nosotrxs hemos estado comprometidos con impulsar una reconstrucción que sea transparente. Desde la propuesta de formar un Fondo único para la reconstrucción, hasta la posición que ocupó nuestro Coordinador Nacional, Mauricio Merino como integrante de la entonces Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, además de las diversas investigaciones que hemos publicado en materia de transparencia financiera y del estado de los inmuebles que se encuentran en alto riesgo y deben ser urgentemente demolidos. No hemos quitado el dedo del renglón en exigir que todo proceso sea transparente y guiado por los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos de las personas damnificadas.

En aras de seguir asumiendo el compromiso por una reconstrucción transparente, hemos sido invitados por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a formar parte del Consejo Consultivo para la Reconstrucción, órgano asesor, independiente y plural, encargado de acompañar a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México en el seguimiento y evaluación de los objetivos y metas planteadas en el Plan Integral de Reconstrucción, desde una perspectiva de inclusión, participación ciudadana y respeto a los derechos humanos; así como asesorar a la Comisión a lograr estos objetivos y continuar así fortaleciendo la relación entre gobierno y población damnificada.

Mauricio Merino, como presidente del Consejo Consultivo, y el colectivo #ReconstrucciónTransparente del movimiento Nosotrxs, nos encargaremos de acompañar el proceso técnico y operativo de seguimiento y evaluación mediante indicadores cuantitativos y cualitativos enfocados en seis metas principales: 1) respeto a los derechos humanos y otorgamiento de certeza jurídica a afectados; 2) funcionamiento de los mecanismos de interlocución y atención entre damnificados y autoridades; 3) reconstrucción y rehabilitación; 4) transparencia financiera; 5) seguridad de las viviendas; 6) acceso a la información por parte de afectados y ciudadanía en general.

Cabe mencionar que el Consejo Consultivo está integrado también por damnificados, fundaciones, empresas y organizaciones civiles involucradas en el proceso de Reconstrucción, colegios de expertos en materias técnicas afines, representación de la Comisión de Derechos Humanos local, dependencias gubernamentales vinculadas al proceso y el Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto.

El método de trabajo de este Consejo consiste en sesiones mensuales para revisar avances, así como para hacer las recomendaciones pertinentes con base en los indicadores acordados entre el Consejo y la Comisión, teniendo como objetivo una reunión de la Asamblea cada cuatro meses para informar de los avances sustantivos en el proceso de reconstrucción, que busca alcanzar el objetivo total en dos años.

A más de 18 meses del sismo, refrendamos nuestro compromiso por una reconstrucción que marque la diferencia, que dé voz a aquellos que no la tienen, donde la transparencia financiera no sea un caso aislado y donde la esperanza y bienestar de los damnificados capitalinos sea una realidad y no un sueño lejano. Nos comprometemos también, a ser críticos y a mantener constante comunicación con todo aquel que desee colaborar. Esto es por y para los capitalinos.

Agradecemos el respaldo y compromiso de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y del Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto para hacer posible una reconstrucción transparente.

 

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Zacatecas: la transparencia en el claroscuro

Por Juan Francisco Valerio Quintero, representante de Nosotrxs en Zacatecas

El pasado 12 de marzo, concluyó su periodo como comisionado del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (izai) uno de sus miembros. A inicios de febrero, la Legislatura del Estado publicó la convocatoria correspondiente para reemplazarlo. A la fecha, el cargo sigue vacante y la Legislatura entrampada. Entre la opinión pública se sostiene que la “línea” para el nombramiento ha sido trazada desde el ejecutivo estatal.

He ahí la piedra del escándalo, pues la mayoría legislativa no ha conseguido los votos necesarios para “sacar” el tema de la agenda legislativa. La convocatoria respectiva tiene dos claroscuros evidentes. Primero, señaló apenas siete días para que los interesados presentaran la documentación respectiva; y, segundo, que la actuación de la Legislatura transcurre en la oscuridad. Se trata de una seria contradicción, pues está en  juego el nombramiento de un miembro del órgano garante de fortalecer la transparencia en el desempeño de los organismos públicos.

Hasta ahora, las oposiciones legislativas han mantenido sus objeciones para nombrar una comisionada o comisionado “a modo”; pero la maquinaria oficialista continúa su labor. Por ello la representación del movimiento Nosotrxs en Zacatecas, emitió un pronunciamiento público dirigido a la Legislatura, exigiendo apego a los principios y normas que rigen el desempeño del organismo, particularmente los establecidos en los artículos 123, 125, 126 y 157 de la Ley de Transparencia del Estado.

En esos dispositivos se establecen los requisitos inherentes al cargo: conocimientos, trayectoria y experiencia en el área, así como dominio de la legislación aplicable. Nosotrxs Zacatecas manifestó su exigencia para que dicho nombramiento se apegue a sus lineamientos antes que efectuar una designación como resultado de negociaciones ajenas al interés público.

La desconfianza de la sociedad se funda en el hecho de que diversas notas periodísticas y en los corrillos oficiales, consideran un hecho el nombramiento de la anterior secretaria general de gobierno, quien tiene escasos seis meses de haber dejado el cargo.

Según la Ley, son criterios de inteligibilidad al cargo de comisionado los siguientes: el haberse desempeñado como ministro de culto, a menos de haberse separado definitivamente, haberse desempeñado como dirigente de partido o asociación política, así como haber sido candidato a un cargo de elección popular al menos un año antes. Sin embargo no existe impedimento alguno para los ex funcionarios públicos, quienes tampoco tienen mayores restricciones de temporalidad entre el ejercicio de un cargo y otro.

De concretarse el nombramiento de la exsecretaria de gobierno, habría necesariamente conflicto de interés, pues debería informar sobre lo que hizo o dejó de hacer en su desempeño como funcionaria. Por cierto, un conflicto de interés igual o mayor que si se nombrase a un dirigente de partido.