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El Día Internacional del Personal de Paz de la ONU debería servir, sí, para agradecer a quienes han servido en estas misiones con convicción y coraje. Pero también para preguntarnos si la arquitectura internacional de la paz está respondiendo realmente a las necesidades de los pueblos y no solo a los equilibrios diplomáticos entre Estados.

Por Pablo Andrade

Cada 29 de mayo, el calendario internacional nos recuerda la existencia del personal de paz de la ONU. Se honra su presencia en zonas de conflicto, sus esfuerzos por contener la violencia, proteger a la población civil y sostener procesos frágiles que, sin su intervención, podrían haber colapsado. No son pocos los casos en que su labor ha marcado la diferencia entre la vida y la muerte, entre el éxodo masivo y la estabilidad temporal, entre la desesperanza y una tenue posibilidad de diálogo.

Ese reconocimiento es justo. El despliegue de personal de paz implica, muchas veces, condiciones hostiles, incertidumbre, escasa gratitud y una alta exposición al peligro. Es una tarea que demanda no sólo entrenamiento técnico, sino también un compromiso humano profundo con los valores que la ONU afirma defender: la vida, la dignidad, la seguridad colectiva. Y sin embargo, también es necesario ir más allá del homenaje. Preguntarnos, con respeto y espíritu crítico, qué tipo de paz se está “manteniendo” y bajo qué condiciones. Porque la paz, al contrario de lo que muchas veces se sugiere, no es un estado natural ni un bien universal fácilmente transmisible. Es una construcción histórica, política, social, profundamente arraigada en contextos particulares.

En ese sentido, algunas misiones de paz se han limitado a estabilizar escenarios tras los conflictos, sin atender las causas estructurales que los originaron. Se promueven elecciones rápidas, se importan diseños institucionales, se liberaliza la economía, y se espera que todo eso resulte en cohesión social. Pero sin diálogo con las memorias del conflicto, sin justicia, sin una comprensión fina de las tensiones locales, lo que se construye muchas veces es un orden frágil, sostenido más por la presencia internacional que por un acuerdo genuino entre actores en disputa.

Nada de esto deslegitima la labor del personal desplegado. Lo que se pone en cuestión no es la entrega de quienes están en el terreno, sino los marcos políticos, jurídicos y estratégicos desde los cuales se deciden esas misiones. Porque en nombre de la paz también se han cometido errores, excesos y, en algunos casos, graves violaciones a los derechos de quienes se suponía que debían ser protegidos. Y porque, a veces, la neutralidad institucional se convierte en omisión cuando la violencia proviene de actores poderosos.

Este Día Internacional debería servir, sí, para agradecer a quienes han servido en estas misiones con convicción y coraje. Pero también para preguntarnos si la arquitectura internacional de la paz está respondiendo realmente a las necesidades de los pueblos y no solo a los equilibrios diplomáticos entre Estados. Para pensar si la paz que se administra desde arriba puede realmente sostenerse sin escuchar —y acompañar— las luchas por justicia desde abajo.

Pablo Andrade (@PabloAnd89) es coordinador de la Causa de Construcción de Paz de Nosotrxs.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nosotrxs-en-los-estados/a-proposito-del-dia-internacional-del-personal-de-paz-de-la-onu

Por Daniel Cortés Martínez

El 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo el cual tiene como finalidad destacar la riqueza de las culturas del mundo, pero también fomentar el diálogo intercultural para lograr la paz y el desarrollo sostenible.

Este tipo de diálogo se refiere al intercambio respetuoso entre personas, grupos y organizaciones pertenecientes a distintas culturas en la búsqueda de comprensión mutua y creación de vínculos entre diversas formas de ver la realidad. La importancia del diálogo intercultural radica en el fomento de la cohesión social, la coexistencia pacífica de las personas mediante la aceptación de la diversidad, y finalmente el enriquecimiento cultural para mantener la paz alejando los conflictos que se basan en prejuicios y estereotipos.

Al mismo tiempo, la promoción de la diversidad cultural tiene como efecto el enriquecimiento de la experiencia humana al momento que se ofrecen distintas perspectivas, conocimientos y prácticas alrededor del mundo, contribuyendo a preservar tradiciones con carácter único que reflejan la historia y la identidad de grupos étnicos y vidas en comunidad. En ese sentido, ante la globalización y la digitalización del mundo, se presenta un gran abanico de oportunidades y opciones para la promoción de la diversidad cultural, pero al mismo tiempo también una serie de retos que es necesario visibilizar y discutir.

La disponibilidad de contenidos digitales provenientes de muchas partes del mundo es creciente mientras que el uso de tecnologías digitales ha facilitado en gran medida la creación, difusión y protección de diversas expresiones culturales. Las plataformas digitales representan espacios importantes en las que miembros de distintas comunidades pueden compartir sus vivencias, historias, leyendas, mitos, conocimientos ancestrales, gastronomía tradicional, música, danza y diferentes elementos del patrimonio cultural de la humanidad con la finalidad de hacerlos visibles y accesibles al público de todos los rincones del mundo.

A pesar de los beneficios que conlleva la digitalización para la promoción de la diversidad cultural, la lógica de negocios, la brecha digital, el acceso inequitativo a las tecnologías, y la concentración y monopolización de las plataformas digitales, crean obstáculos significativos para la circulación de los contenidos, y en consecuencia, se termina perpetuando la inaccesibilidad a información diversa afectando a su vez las industrias culturales nacionales y a los creadores independientes. En ese sentido, las regulaciones gubernamentales deben ser tendientes a reducir la brecha digital, desarrollar planes integrales de cultura digital, fomentar políticas culturales que garanticen el acceso de la cultura para todxs, asegurar que este acceso sea un medio para conseguir sociedades pacíficas y tolerantes, además de que se respeten y garanticen los derechos de propiedad intelectual, y se creen las condiciones suficientes para que los creativos y creadores reciban una remuneración justa y adecuada por su trabajo.

Por otra parte, los creativos, los creadores de contenido, y los medios de comunicación juegan un papel de importancia fundamental para la promoción de la diversidad cultural digital. El alcance que pueden tener les da la posibilidad de difundir conocimientos culturales diversos que a su vez coadyuve a combatir con la definición de prejuicios y estereotipos, además de fomentar el mencionado diálogo intercultural y contribuyan a normalizar la diversidad, la inclusión, el reconocimiento y la aceptación de diferentes identidades, culturas y tradiciones.

Coordinador de la Causa de Derechos de las Personas Jornaleras Agrícolas Migrantes

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/la-promocion-de-la-diversidad-cultural-en-la-era-digital-23393557

Tuve el privilegio de formar parte del equipo coordinador de esta Causa de Nosotrxs. En esos cuatro años fui testigo y parte del impulso colectivo de algunas de las iniciativas más relevantes en la defensa del derecho a la salud en México.

Por Frida Romay Hidalgo

Hay despedidas que no se viven como un cierre, sino como una transformación. Después de cuatro años de entregar cabeza, corazón y cuerpo a la Causa de Salud y Bienestar, hoy me toca moverme de lugar, pero no de convicción. Cambiar de trinchera, pero no de lucha.

Desde su origen, la Causa ha sido un espacio profundamente político y humano. Nació dentro de Nosotrxs como un esfuerzo por combatir las desigualdades estructurales del sistema de salud en México desde una premisa tan sencilla como radical: exigir lo que nos corresponde, hacer valer nuestros derechos. Con los años, y recientemente alojada en Práctica: Laboratorio para la Democracia, se consolidó como un laboratorio vivo de exigencia ciudadana, pedagogía política y construcción colectiva.

Tuve el privilegio de formar parte del equipo coordinador de esta Causa, primero como jefa y después como coordinadora. En esos cuatro años, fui testigo y parte del impulso colectivo de algunas de las iniciativas más relevantes en la defensa del derecho a la salud en México.

Con Cero Desabasto, tejimos una red nacional de exigencia frente a una de las fallas más dolorosas del sistema: la escasez de medicamentos e insumos. Hoy el colectivo reúne a 147 organizaciones de pacientes, profesionales de la salud y aliadas que no han dejado de presionar, visibilizar, organizar y proponer. Juntas transformamos el desabasto en una demanda pública, construimos plataformas tecnológicas, informes, campañas, metodologías participativas y redes de escucha y acompañamiento.

Con Médicxs en Formación, trabajamos con las y los estudiantes que sostienen el sistema desde sus prácticas, internados y pasantías. Nos organizamos para exigir condiciones dignas, reconocimiento, representación y una formación libre de violencia estructural.

Y con OCAMIS, el Observatorio Ciudadano para el Acceso a Medicamentos e Insumos para la Salud, tejimos puentes con la academia, la sociedad civil y la comunidad médica para producir evidencia, seguir indicadores y generar recomendaciones de política pública con un enfoque de equidad y justicia.

Nada de esto habría sido posible sin los equipos, las alianzas, los afectos y las voluntades que han hecho de esta Causa un espacio de comunidad política. Gracias a cada persona con la que compartí agenda, dudas, insomnios, celebraciones, procesos y esperanza. A las organizaciones aliadas, por su confianza. A las y los pacientes, por dejarnos entrar en su realidad con respeto. A mis compañeras y compañeros de las organizaciones que impulsaron esta Causa, por construir y resistir conmigo.

Y un agradecimiento especial a Andrés Castañeda, por haberme invitado a sumarme a este proyecto cuando apenas comenzaba. Por confiar, acompañar y sostener con claridad y visión este sueño colectivo.

Hoy cierro este capítulo para seguir caminando en la misma dirección desde otro rol. A partir de esta nueva etapa, me integraré como consultora en Asuntos Públicos en Salud. Desde ahí, seguiré trabajando para que las voces ciudadanas se traduzcan en decisiones informadas, para que las políticas de salud se piensen desde el derecho y no desde la lógica de la escasez o la indiferencia.

La Causa de Salud y Bienestar me dio una brújula. Me enseñó que no hay transformación sin organización, ni justicia sin ternura. Me enseñó a nombrar lo que duele y a construir con quienes resisten.

Nos seguimos encontrando, porque la salud es una causa que se lleva puesta.

Frida Romay Hidalgo (@FridaRomayHgo) es excoordinadora de la Causa de Salud y Bienestar en Nosotrxs y Práctica: Laboratorio para la Democracia.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nosotrxs-en-los-estados/cerrar-ciclo-no-conviccion

El Día Internacional de la Convivencia en Paz puede ser un llamado a defender lo público como aquello que nos permite reconocernos como parte de una misma comunidad política, aunque pensemos distinto, aunque vivamos realidades dispares.

Por Pablo Andrade Martínez

Cada 16 de mayo el calendario internacional nos recuerda que es el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Es una fecha joven: fue proclamada por la Asamblea General de la ONU en 2017. Su objetivo —al menos en el papel— es claro: promover la paz, la tolerancia, la inclusión y la solidaridad como fundamentos esenciales para una vida compartida. Pero como suele suceder con las conmemoraciones, el riesgo es que lo simbólico se vuelva fórmula vacía, y lo que debería invitar a una reflexión colectiva se reduzca a un acto protocolario, una publicación institucional o una jornada escolar sin consecuencia.

No es que la conmemoración no sea importante. El problema es otro: hemos vaciado de sentido a los gestos que alguna vez pretendieron movilizarnos. En tiempos de inflación simbólica, con días internacionales para casi todo, resulta urgente detenernos a pensar qué queremos decir cuando hablamos de paz, y qué estamos dispuestos a hacer —como sociedades, como instituciones, como individuos— para construirla.

El concepto de “convivencia en paz” puede parecer blando, incluso ingenuo, frente a la brutalidad del presente. Pero su potencia está, precisamente, en lo que exige: no una paz entendida como silencio, como sumisión o como ausencia de conflicto, sino como el resultado de relaciones justas, horizontales, capaces de tramarse a pesar de las diferencias. En ese sentido, hablar de convivencia no es hablar de armonía perfecta, sino de un esfuerzo constante por habitar el desacuerdo sin caer en la exclusión o el exterminio simbólico del otro.

Vivimos un momento histórico en el que la violencia se ha naturalizado en sus múltiples formas: la guerra, sí, pero también la precariedad, el racismo, el patriarcado, la devastación ambiental y el despojo de los bienes comunes. La paz, entonces, no puede ser entendida como una zona neutral entre bandos en pugna, ni como una narrativa de cierre. No hay paz posible sin justicia, sin verdad, sin reparación, sin memoria. En ese sentido, la conversación sobre la paz nos obliga a recuperar la idea del Estado de derecho no como una promesa retórica, sino como una arquitectura concreta de garantías, de límites al poder y de afirmación de lo público. La convivencia en paz no se sostiene sobre el voluntarismo individual ni sobre campañas de sensibilización —aunque estas puedan contribuir—, sino sobre la existencia de instituciones confiables, mecanismos de acceso a derechos, procesos transparentes y espacios comunes protegidos del mercado y del clientelismo.

No se trata, claro, de idealizar al Estado. Sabemos que es también un campo de disputa, una herramienta que puede oprimir tanto como puede garantizar derechos. Pero si algo nos han enseñado las luchas feministas, los pueblos indígenas, los movimientos por la memoria y los diversos activismos es que la defensa de lo público es condición necesaria para cualquier forma de paz duradera. Frente al vacío de los discursos oficiales, es urgente recuperar el lenguaje de lo común. Volver a pensar en lo público, en la justicia, la verdad y la política no como servicios o favores, sino como derechos que hacen posible la convivencia. Porque convivir implica compartir: los recursos, los riesgos, las decisiones. Y esa es una tarea demasiado compleja —y demasiado importante— como para dejarla librada a la buena voluntad de los individuos o al cálculo de los mercados.

Así pues, el Día Internacional de la Convivencia en Paz puede ser un llamado a defender lo público como aquello que nos permite reconocernos como parte de una misma comunidad política, aunque pensemos distinto, aunque vivamos realidades dispares. En tiempos donde lo común se disuelve y las diferencias se convierten en trincheras, tal vez la paz sea, en el fondo, una forma de imaginación política. Una que no se celebra, sino que se construye todos los días.

Pablo Andrade (@PabloAnd89) es coordinador de la causa de construcción de paz en Nosotrxs.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/dia-internacional-convivencia-paz

Por Frida Romay Hidalgo

Hace unos meses, una adolescente me escribió por Instagram. Había escuchado de Cero Desabasto por una compañera y quería saber si la podíamos ayudar. Su mensaje era breve, pero contundente: “No tienen pastillas en mi centro de salud. Ya fui dos veces. Me dijeron que regresara la próxima semana, pero no sé si pueda”.

Tenía 17 años, vivía en un municipio rural y había decidido que quería cuidarse. El problema no era su decisión, era el sistema que no la acompañaba. Y mientras leía su mensaje, me repetí: el cuerpo no espera.

Este 28 de abril presentamos desde el Colectivo Cero Desabasto, en colaboración con AmCham México, el primer Diagnóstico sobre el Acceso a Métodos Anticonceptivos en México (2017–2023). No fue un evento más. Fue una entrega pública, honesta y urgente de datos que muestran cómo, en este país, el derecho a decidir sigue siendo un privilegio desigual, condicionado y muchas veces negado.

Menos del 25% de las mujeres en edad fértil obtienen métodos anticonceptivos a través del sistema público. La mayoría acude a farmacias o consultorios privados, si puede pagarlos. El 88.6% de los anticonceptivos de emergencia, por ejemplo, se adquieren en farmacias. Las que no pueden, simplemente quedan fuera. Y entre más lejos vivas, más difícil es acceder. La autonomía reproductiva en México sigue estando determinada por el territorio, el ingreso y la suerte.

Lo más alarmante es que esto se ha vuelto cotidiano. Hemos normalizado que falten condones, inyecciones, implantes. Que las adolescentes reciban juicio antes que orientación. Que el personal médico no esté capacitado, o que el sistema les pida “aguantar” sin insumos. El diagnóstico revela también un estancamiento en el conocimiento entre jóvenes. De 2018 a 2023, incluso disminuyó ligeramente. Un retroceso silencioso que nadie está discutiendo lo suficiente.

Desde Cero Desabasto trabajamos para visibilizar el desabasto, sí, pero también para transformar sus causas. Este diagnóstico propone rutas concretas: invertir sostenidamente en salud sexual y reproductiva, garantizar la disponibilidad continua de métodos en el sistema público, ofrecer consejería sin prejuicios, fortalecer la corresponsabilidad y ampliar el acceso para todas las personas, sin excepción.

Y lo más importante: exige una nueva forma de gobernar. La salud reproductiva no es responsabilidad exclusiva del sector salud. Es tarea compartida entre gobierno, industria farmacéutica, academia, sociedad civil y ciudadanía. Necesitamos una cadena de acceso donde todas las piezas funcionen con corresponsabilidad, enfoque de derechos y urgencia ética. Porque cuando un método no llega, no solo se rompe la cadena logística. Se rompe la posibilidad de decidir.

La seguridad anticonceptiva no puede depender del bolsillo, de una farmacia abierta o de un proveedor empático. Tiene que ser una garantía, no una apuesta. Un derecho asegurado, no una conquista personal.

Hoy, más que nunca, necesitamos transformar el acceso en justicia. Que cada dato se convierta en política pública. Que cada historia que se ha quedado sin respuesta se vuelva acción colectiva. Porque el cuerpo no espera. Y el derecho a decidir no puede seguir siendo postergado.

El diagnóstico completo puede consultarse en el apartado de informes en www.cerodesabasto.org

Coordinadora de la Causa de Salud y Bienestar en Nosotrxs y Práctica: Laboratorio para la Democracia y Coordinadora del Colectivo Cero Desabasto

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/es-hora-de-garantizar-el-derecho-a-decidir-23130484

Las personas en situación de migración en México no pierden de ninguna manera sus derechos humanos, pero en la realidad los principales derechos que se les vulneran son a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y a la libertad.

Por Daniel Cortés Martínez
@danielcormar89

Uno de los principios fundamentales de los derechos humanos que podemos encontrar mencionado constantemente en convenciones, declaraciones, resoluciones e instrumentos internacionales, es el de la universalidad. Éste establece que todas las personas tienen los mismos derechos humanos, sin importar el lugar de residencia que tengan, su nacionalidad, sexo, origen étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra característica o situación particular. En otras palabras, los derechos humanos son inalienables, esto quiere decir que no deben suprimirse, y pertenecen a todos los seres humanos por el simple hecho de ser precisamente humanos, y no pueden ser negados a ninguna persona por diferencias culturales, políticas, históricas, sociales o económicas.

En ese sentido, las personas que inician o están en un proceso migratorio en curso no pierden de ninguna manera sus derechos humanos por esa condición migratoria, ya sea por situación de migración forzada, voluntaria, permanente, temporal, regular o irregular. Sin embargo, la realidad de las personas en situación de migración es muy distinta puesto que se enfrentan constantemente a prácticas y discursos discriminatorios que vulneran de múltiples formas sus derechos humanos. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las quejas que han recibido de las personas en situación de migración en México arrojan que los principales derechos que se les vulneran son a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y a la libertad.

Detrás de estas quejas, la propia CNDH ha logrado documentar las situaciones específicas en las que ocurren las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en distintos momentos del proceso migratorio; por ejemplo, durante el aseguramiento sufren de robos o extorsiones, golpes, amenazas con armas, y son detenidos arbitrariamente por autoridades que no tienen facultad para llevar a cabo esas funciones. Por otra parte, las personas migrantes que acuden a las estaciones migratorias carecen de servicios sanitarios o condiciones dignas para su estancia, sin posibilidad de acceder a atención médica de calidad o a medicamentos, viven en condiciones de hacinamiento, y en la mayoría de las ocasiones sin información pertinente y necesaria sobre su situación migratoria o los pasos a seguir para cualquier tipo de trámite que garantice la protección de sus derechos.

En el caso de las infancias en condición de migración se enfrentan, por ejemplo, a la privación de la libertad, situaciones en las que son separados de sus familias, hacinamiento en áreas destinadas para personas adultas y, en general, no tienen un trato diferenciado o especial por su condición de menores. La situación de las mujeres migrantes es todavía más delicada puesto que enfrentan una realidad de vulnerabilidad adicional por cuestión de género, entre los que se encuentran la falta de atención de personal femenino en el traslado a las estaciones migratorias y en su estancia en las mismas estaciones, lo que tiene como consecuencia que sufran tratos vejatorios como el despojo de sus ropas para supuestas valoraciones médicas, o son sometidas a revisiones corporales invasivas, e incluso existen múltiples casos de tocamientos indebidos y violaciones por parte de agentes estatales. Además, tampoco tienen acceso a servicios médicos diferenciados, y las mujeres embarazadas reciben poca o nula atención médica.

Existen otro tipo de violaciones a los derechos humanos que son particularmente preocupantes por la omisión de las autoridades y la falta de atención integral por parte del Estado mexicano, como son la trata de personas y el secuestro de personas en situación de migración. México es un país de origen, tránsito y destino de personas migrantes, y por ello es susceptible de presentar tanto trata transfronteriza, pero también un gran problema de trata interna en el que miles de personas incluyendo niñas y niños son víctimas de este delito, el cual está estrechamente vinculado con los flujos de migración, la pobreza, la degradación del tejido social, la desigualdad y el crimen organizado.

Así pues, es necesaria e imperativa la creación o el fortalecimiento de políticas públicas destinadas a atender y prevenir las violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes, además del diseño de estrategias de corte regional para romper con los patrones sistemáticos de vulneración por medio de protocolos de prevención, identificación y atención a víctimas. El respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas en condición de migración sigue siendo una tarea pendiente del Estado mexicano, que no ha logrado formular una política migratoria integral con una perspectiva de género y de derechos humanos, y que en su omisión y letargo continúa perpetuando la serie de violaciones sistemáticas mencionadas.

* Daniel Cortés Martínez (@danielcormar89) es coordinador de la Causa de Defensa de los Derechos de las Personas Jornaleras Agrícolas Migrantes en Nosotrxs (@NosotrxsMx).

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/derechos-humanos-personas-migrantes

Por Pablo Andrade Martínez
@PabloAnd89

Cada 30 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Sin embargo, para millones de ellas, la fecha pasa desapercibida, como si la historia, las leyes y la sociedad todavía se resistieran a reconocer el valor de su trabajo. En América Latina, y particularmente en México, el trabajo del hogar ha sido históricamente un trabajo invisibilizado, mal pagado y realizado mayoritariamente por mujeres, muchas de ellas indígenas, migrantes o en condiciones de alta vulnerabilidad.

En este país, más de 2.5 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, y más del 90% son mujeres. Su labor —limpiar, cocinar, cuidar, ordenar, criar, acompañar— permite que otras personas salgan a trabajar, estudien, emprendan, produzcan. Sin ellas, la economía se detiene. Y, sin embargo, ellas casi nunca figuran en los discursos sobre desarrollo, justicia o derechos laborales.

Pese a los avances normativos —como la reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza el acceso a la seguridad social—, la realidad es que menos del 5% de las trabajadoras del hogar están afiliadas al IMSS. Muchas desconocen sus derechos, otras temen exigirlos por miedo a ser despedidas, y no pocas enfrentan situaciones de discriminación o violencia dentro de los hogares donde trabajan. La informalidad no es una elección: es una trampa estructural.

Durante décadas, se ha tolerado una visión clasista y racista del trabajo del hogar. Se le ha confundido con “ayuda”, se le ha cubierto con un manto de afecto para evitar hablar de derechos, y se ha perpetuado la idea de que “son como de la familia” para no reconocer que son, ante todo, trabajadoras. Esa retórica ha servido para justificar salarios precarios, jornadas extenuantes y la ausencia de contratos o prestaciones. Y también ha servido para acallar las voces de quienes se organizan, luchan, denuncian y exigen dignidad.

Reconocer el trabajo del hogar como trabajo es un primer paso. Pero no basta. Se necesita voluntad política, campañas masivas de información, inspecciones laborales efectivas, justicia accesible y, sobre todo, una transformación cultural profunda. Porque no se trata sólo de cambiar leyes, sino de cambiar mentalidades.

El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar es una oportunidad para poner el foco en una lucha histórica. Es un día para escuchar las voces que han sido silenciadas, para mirar a los ojos a quienes hacen posible la vida cotidiana, y para comprometernos con una idea simple pero poderosa: todos los trabajos merecen derechos, pero hay trabajos que merecen justicia urgente.

Publicación original: https://oem.com.mx/elsoldemexico/analisis/dia-internacional-de-las-trabajadoras-del-hogar-22334463

El crecimiento urbano e industrial debe someterse al camino del agua y a la vida, y no viceversa. El modelo vigente, que ha significado ganancias privatizadas y costos cargados a la población humana y otras formas de vida, debe terminar ya.

Por René Romero y Francisco Landa
@NosotrxsMX

“El camino del agua siembra vida si es respetado, o muerte y enfermedad si es violentado”.

La cuenca de Anáhuac ha sido transformada en una entidad voraz que destruye y drena los ecosistemas que son clave en la atracción, captación, infiltración y almacenamiento de lluvia (cuencas del Alto Lerma y Balsas en los Estados de México y Michoacán). La megalópolis consume también enormes cantidades de agua de sus acuíferos, al punto de abatirlos. Al mismo tiempo, expulsa agua residual de uso urbano e industrial sin ningún tipo de tratamiento, mezclada con precipitación pluvial que, al no contar con una salida natural hacia un río y el mar, debe ser evacuada mediante una costosa infraestructura hacia la subcuenca del Río Tula, parte inicial de la Cuenca Pánuco-Moctezuma.

Al recibir el agua residual de la zona metropolitana y sumarla a la que es usada y contaminada por las industrias locales más tóxicas, la denominada Región Tolteca al sur del Valle del Mezquital se convierte en un infierno socioambiental o zona de sacrificio (no olvidar que, además, en 2021 esa región fue inundada deliberadamente para justificar la destrucción del ecosistema milenario con la ampliación y revestimiento del cauce del Río Tula en la zona urbana de este municipio).

Los pueblos de Hidalgo no solo son obligados a recibir los desechos de la Ciudad de México, también son expoliados de su agua. De manantiales ubicados en la zona de Zimapán (que deberían irrigar ecosistemas en camino hacia el Pánuco), se bombea líquido para las zonas urbanas e industriales de Querétaro. El acueducto construido para este trasvase destruyó bosques, dañó manantiales, y no incluyó abastecimiento para comunidades a su paso.

Esta es la absurda panorámica: agua en enormes cantidades es arrebatada a los bosques del Estado de México, trasvasada, usada y contaminada en la CDMX, para luego trasvasarla de nuevo en forma de drenaje hacia la cuenca del Pánuco, convirtiendo a Hidalgo en una fosa séptica (presa Endhó) y paso de cañería.

A su vez, agua limpia es extraída de cuencas en ese estado para de nuevo trasvasarla, esta vez hacia Querétaro, donde se integra vía fluvial a la cuenca del Lerma (sí, la misma de donde la CDMX extrajo su agua). Pasando por Guanajuato y Jalisco, donde es aún más contaminado, el cauce llega hasta la zona industrial de El Salto-Juanacatlán, que por la concentración tóxica se convierte en otro de los infiernos ambientales de nuestro país. Ese mismo líquido desemboca en el lago de Chapala, ¡que abastece a la ciudad de Guadalajara! Como la, el lector puede notar, los costos en degradación ambiental, riesgos sanitarios, infraestructura de trasvases e inviabilidad a largo plazo de esta absurda circulación del agua son enormes.

El descrito no es solo un mapa regional plagado de daños y errores históricos determinados por un duro entramado de intereses. También dibuja líneas que hermanan territorios y pueblos interconectados que sufrimos los efectos de la devastación eco-hidrosocial. Si bien ninguna solución podrá ser simple, nuestro diagnóstico sí que es claro: nuestra agua no puede seguir siendo sometida a la exigencia del crecimiento urbano-industrial. Nuestra agua no puede continuar siendo considerada una mercancía acaparable por entidades depredadoras. Nuestros ríos no pueden seguir siendo cañerías a cielo abierto. Los trasvases no pueden seguir siendo coartadas para evitar asumir un necesario cambio de paradigma sociedad-territorio. El crecimiento urbano e industrial debe someterse al camino del agua y a la vida, y no viceversa. El modelo vigente, que ha significado ganancias privatizadas y costos cargados a la población humana y otras formas de vida, debe terminar ya.

En términos de políticas concretas, el reto hídrico no puede seguir siendo abordado con una visión exclusivamente ingenieril “para garantizar el abasto”, sobre todo si ‘abasto’ sigue implicando acaparamiento, ilegalidad, desperdicio e irresponsabilidad medioambiental. Tampoco tienen sentido magnas obras de tratamiento para el reúso del líquido, sin que el enfoque dominante sea, de inicio, dejar de contaminarlo masivamente.

Al día de hoy, y arrastrando la penosa situación de no contar con una nueva Ley General de Aguas, movimientos de defensa territorial resistimos con propuestas en mano y en el más auténtico cuidado de nuestras comunidades. Exigimos políticas y acciones determinantes por parte de los tres poderes de la Unión, que deben ser diseñadas en todo momento con una participación real y significativa de la sociedad.

Los poderes establecidos no pueden seguir operando desde la postergación, la simulación propagandística ni la implementación de decisiones paliativas expresadas en planes “integrales”, de “saneamiento” o de “justicia” que escondan nuevas versiones de expansión desarrollista o de negocio de concesiones.

El futuro es de todxs: lo construimos juntos, o no será.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nosotrxs-en-los-estados/dia-mundial-agua-estados-crecimiento-urbano

Nosotrxs por la Democracia nació hace ocho años con la convicción de que los derechos se exigen en colectivo, se defienden en comunidad y se ejercen con dignidad. Se trata de la suma de voluntades, la coincidencia de objetivos y la acción concreta para lograr un cambio social duradero en pos del bienestar común.

Por Daniel Cortés Martínez y Pablo Andrade Martínez
@NosotrxsMx

Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel fundamental para el bien común, pues su principal función práctica es identificar los vacíos que el gobierno va dejando en su desempeño, para tratar de subsanar los efectos perjudiciales que estos vacíos dejan y, por medio de la acción colectiva y la participación ciudadana, mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar la corresponsabilidad entre gobiernos y ciudadanos. En otras palabras, las organizaciones de la sociedad civil existen porque el gobierno no siempre cumple su parte. Ahí donde hay un derecho vulnerado, una injusticia normalizada o una burocracia que se cierra en lugar de abrirse, hay personas que deciden organizarse para exigir lo que les corresponde. Esa es la esencia de Nosotrxs por la Democracia, una organización que nació hace ocho años con la convicción de que los derechos se exigen en colectivo, se defienden en comunidad y se ejercen con dignidad. Se trata de la suma de voluntades, la coincidencia de objetivos y la acción concreta para lograr un cambio social duradero en pos del bienestar común.

A lo largo de estos años, Nosotrxs ha trabajado en distintas causas que tienen algo en común: la lucha por la justicia y la igualdad. Desde el inicio de sus actividades, una de sus principales banderas ha sido la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, un sector históricamente invisibilizado que, gracias a la presión organizada, ha logrado avances clave como la ratificación del Convenio 189 de la OIT y la incorporación de miles de trabajadoras del hogar al IMSS. Pero la lucha no ha sido solo ahí. También ha estado presente acompañando a las personas jornaleras agrícolas migrantes que pasan su vida en condiciones de explotación extrema, sin acceso a derechos laborales ni servicios básicos. Ha estado en los hospitales, documentando y denunciando el desabasto de medicinas que ha puesto en riesgo la vida de miles de personas. Ha estado en las calles, codo a codo con los repartidores de aplicaciones digitales que, sin prestaciones ni seguridad, trabajan a la intemperie mientras las empresas se deslindan de toda responsabilidad. Y ha estado en las comunidades, llevando estrategias de construcción de paz a un país que ha normalizado la violencia, pero que aún cree en la posibilidad de sanar.

Entre las actividades más importantes que Nosotrxs ha desarrollado en sus 8 años de existencia está el cometido de informar, promover y capacitar para que las personas conozcan sus derechos y tengan los medios para exigirlos, entender cómo funcionan y cómo se pueden poner en práctica con las herramientas institucionales disponibles en el país. En ese sentido, la formación de capacidades y la promoción y difusión de la información parten y se instrumentan desde la perspectiva de la organización comunitaria y la exigencia colectiva ante la vulneración de los derechos, con la finalidad de contribuir a crear espacios de igualdad, fomentar la no discriminación, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, además de exigir que las instituciones públicas ejecuten sus funciones siendo garantes de los derechos de todas las personas respetando a cabalidad las leyes existentes.

Así pues, es imprescindible afirmar que la fuerza de Nosotrxs está en la ciudadanía, en las personas que han encontrado en este movimiento un espacio para organizarse y exigir. En estos años ha tejido alianzas con más de 135 organizaciones dentro y fuera de México, y ha logrado financiamiento de instituciones como el Fondo de Naciones Unidas para la Democracia, Open Society Foundations y Nacional Monte de Piedad, entre muchas otras. Gracias a esa red de apoyo, ha logrado cambios concretos: acceso a seguridad social para las trabajadoras del hogar, presión efectiva para transparentar la reconstrucción tras los sismos de 2017, programas constantes de capacitación en derechos laborales y humanos y organización comunitaria, programas de capacitación y sensibilización a personas funcionarias públicas y autoridades, campañas de visibilización de las problemáticas que se trabajan, y el diseño de mecanismos y estrategias de incidencia pública que han permitido tener presencia en los procesos de toma de decisiones para lograr el fin último que es el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas.

Pero el reto sigue siendo enorme. En México, la desigualdad sigue marcando la vida de millones de personas y la diferencia entre tener o no acceso a los derechos sigue dependiendo, muchas veces, del lugar en el que se nace, el trabajo que se hace o el dinero que se tiene en la bolsa. Nosotrxs existe para demostrar que la historia puede ser distinta, que el acceso a los derechos no debe depender de la voluntad de los gobiernos, sino de la capacidad de la ciudadanía para organizarse y exigir lo que le corresponde.

A ocho años de haber comenzado este camino, Nosotrxs sigue con la misma convicción con la que inició: la lucha por la justicia no es individual, es colectiva. Porque cuando exigimos derechos #EnBola, la historia cambia.

Publicación original: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/nuestras-voces/ocho-aniversario-derechos-en-bola