La ley de amnistía no es la única vía para garantizar el derecho a la salud de la población penitenciaria ante el Covid-19

En el contexto de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 a nivel mundial, y una vez declarada la fase de 3 en México, las organizaciones de la sociedad civil y colectivos firmantes, con base en los argumentos que  emitimos el 14 de abril, a través del comunicado: “Situación de las personas privadas de la libertad frente al Covid- 19”, seguimos haciendo un llamado enérgico a todas las autoridades federales, estatales y municipales para que, conforme a las leyes vigentes y a los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, se garanticen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de las niñas y los niños que se encuentran al interior de los centros penitenciarios, tomando en cuenta el impacto que la pandemia ya ha tenido sobre ellos.

Consideramos que la aprobación de la Ley de Amnistía, no será suficiente para abatir las muertes por contagio que se están suscitando (como es en el caso del Reclusorio Norte de la Ciudad de México) ya que de su simple lectura se observa que existen plazos para su aplicación y que al cumplirse, probablemente será demasiado tarde. Por lo anterior nos pronunciamos bajo los siguientes lineamientos:

  1. Aunque la Ley de Amnistía es un acto de humanidad que tuvo como  fin perdonar a cierto número de personas y, evitar un mayor número de contagios de Covid-19 en los centros penitenciarios, ella no exenta al Estado de su responsabilidad de garantizar el derecho humano a la salud que tienen todas y cada una de las personas que aún se encuentran privadas de la libertad, las cuales y debido a las condiciones en las que viven, tienen una mayor vulnerabilidad de contraer el virus.
  2. Debido al grave problema de sobrepoblación en los centros penitenciarios de todo el país, es necesario implementar medidas urgentes que prevengan y atiendan el contagio del virus de Covid-19. De manera que se generen espacios destinados a las personas dentro de los centros penitenciarios que se encuentren bajo este supuesto, salvaguardando la salud e integridad de todas y cada una de ellas.
  3. Llamamos a las autoridades penitenciarias a proteger la salud de las mujeres embarazadas, niñas y niños que nacen y viven, y a aquellos grupos que la Ley Nacional de Ejecución Penal considera como vulnerables.
  4. Es necesario que se observe lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal en el artículo 146, con el fin de tramitar, agilizar y alcanzar el mayor número de beneficios preliberacionales, libertades condicionadas y/o cualquier otra alternativa a la prisión.
  5. Deben implementarse los servicios postpenitenciarios de inmediato a nivel nacional, con el fin de acompañar a todas las personas que por cualquier medio lícito pudiesen alcanzar la libertad.
  6. Exhortamos al titular del Ejecutivo Federal para que el proceso de conformación de la Comisión que indica el artículo 3ro párrafo quinto, de la Ley de Amnistía, sea público y transparente.
  7. Exhortamos a los gobiernos federal y estatales, que constituyan a la brevedad las Comisiones Intersecretariales, con el fin de proporcionar los servicios necesarios al interior de los centros penitenciarios de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, siendo de importancia relevante los servicios de salud para prevenir y combatir los casos de contagio por COVID- 19.
  8. Exhortamos a las 32 presidentas y presidentes del  poder judicial estatales a que los juzgados de ejecución penal funcionen y operen regularmente para poder garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, dando prioridad a las personas con enfermedades crónicas para que sean beneficiadas por la Ley Nacional de Ejecución Penal.
  9. Solicitamos a los congresos estatales elaborar y discutir sus leyes locales de amnistía con apego a las necesidades de la población penitenciaria de sus entidades.
  10. Es necesario mantener informadas e informados a los familiares de las personas que se encuentran privadas de la libertad sobre su condición y el protocolo de atención que se elaboró para darles atención durante la cuarentena.
  11. Solicitamos garantizar la salud del personal penitenciario, personal de custodia, y de todas y todos aquellos que tengan contacto con las personas privadas de la libertad.

La situación demanda que todas y todos los actores involucrados actúen de manera inmediata a contener, en la medida de lo posible, la crisis de salubridad y derechos humanos que se está desarrollando. Desde la sociedad civil, ponemos al alcance todas las herramientas que tenemos para lograr hacer un frente unido y eficaz contra los retos supuestos por el Covid-19.

Atentamente:

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Ante la pandemia, el Colectivo de Médicos en Formación  exige condiciones mínimas en los campos clínicos

  1. Los estudiantes pre-clínicos deberán continuar su ciclo académico fuera de los campos clínicos.
  2. Se solicita se retiren -sin consecuencias- a todos los médicos en formación con factores de riesgo para COVID-19, tales como: embarazo o periodo de lactancia, enfermedades crónicas no transmisibles (pulmonar, cardíaca, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes, hipertensión) o inmunosupresión ya sea adquirida o provocada.
  3. Retiro de Médicos Internos de Pregrado y Pasantes de Servicio Social de las áreas de tamizaje, urgencias, críticas y/o especializadas para la atención de potenciales infectados de COVID-19, o de cualquier otro escenario clínico de riesgo.
  4. Divulgar los programas académicos y operativos actualizados a las nuevas condiciones en donde se especifique, por unidad médica, las responsabilidades y obligaciones de los médicos en formación.
  5. Capacitación formal para la autoprotección, así como protocolos de procedimientos para la detección y logística en la atención de casos de COVID-19. Aún a médicos en formación que no estén en una unidad asignada para pacientes con COVID-19.
  6. Garantía de atención médica en caso de complicaciones por el uso del equipo de protección personal (por ejemplo: lesiones dérmicas y oftálmicas) y en caso de infección por COVID-19 y sus secuelas.
  7. Cuidado y atención a la salud mental a través de acompañamiento y atención psicológica.
  8. Los campos clínicos deberán proporcionar a los médicos en formación el equipo de protección adecuado, que cumpla con las normas internacionales, de acuerdo con el área de asignación:
    • Área verde (cualquier área): guantes, bata desechable, cubre bocas tricapa, protección ocular (goggles o careta).
    • Área amarilla (Consulta de Triaje, Urgencias, áreas atención asignadas a COVID-19): guantes, bata desechable, mascarilla N95, protección ocular (goggles o careta), gorro quirúrgico, botas quirúrgicas.
    • Área roja (Unidades de Terapia Intensiva, contacto directo con el paciente en procedimientos que generan aerosoles): guantes, bata quirúrgica impermeable cerrada u overol, mascarilla N95, protección ocular (goggles o careta), gorro quirúrgico, botas quirúrgicas.
  9. Respetar las jornadas laborales de acuerdo con las normas vigentes, procurando jornadas no mayores a 24 horas y en un formato mínimo de guardias ABCD.
  10. Integrar a los médicos en formación a los órganos en donde se tomen decisiones que les involucren.
  11. Establecer un mecanismo para denunciar quejas y dar seguimiento a las mismas.

Todos los que aquí firmamos tenemos como prioridad apoyar al pueblo de México para contener el virus y cuidar de la salud de los y las mexicanos. Este compromiso nos impulsa a solicitar por la vía institucional que el Estado mexicano nos garantice las condiciones de seguridad y protección para realizar nuestra labor.

Acudiremos a todas las instancias necesarias para que los médicos en formación podamos cumplir con nuestra vocación de manera segura así proteger la salud de la población.

Dona vía transferencia bancaria

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Número de cuenta: 0306480205
Sucursal: 9244. Plaza, Ciudad de México
Clabe: 072 180 003 064 802 050″][/vc_column][/vc_row]
Situación de las personas privadas de la libertad frente al Covid-19

Situación de las personas privadas de la libertad frente al Covid-19

Las personas privadas de libertad se encuentran en situación de vulnerabilidad frente al COVID-19.

Diversos organismos internacionales de protección a los derechos humanos han llamado a los estados a generar acciones en favor de esta población.

Las organizaciones de la sociedad civil exigimos mecanismos de acción que contribuyan a garantizar la salud de las personas privadas de libertad en el marco del COVID-19.

Que se establezca un protocolo de atención específico para niñas y niños que nacen y viven en prisión, así como para los grupos vulnerables que están privados de la libertad.

Conoce el documento dando click aquí.

Notas sobre posibles salidas a la crisis por el COVID-19 en México

Notas sobre posibles salidas a la crisis por el COVID-19 en México

Repitamos tanto como sea necesario: mi libertad no termina donde inicia la tuya, mi libertad comienza donde se une a la tuya.

Estas notas no son más que una guía de posibles salidas a la crisis por la pandemia COVID-19 para México, con énfasis en el combate a la desigualdad y a la corrupción y en la construcción de una sociedad de derechos.

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Ante la pandemia, exigimos garantizar el derecho a la salud de los médicos en formación en México

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En México, las y los médicos en formación somos un eje medular en el Sistema Nacional de Salud. Una tercera parte de las unidades de atención primaria de la Secretaría de Salud tienen como responsable a un estudiante de la carrera de medicina en servicio social, la mayoría de las veces sin supervisión (Nigenda 2013; Salud 2018). Asimismo, la cantidad de médicos en formación va en aumento: en 2018, el número registrado de estudiantes de medicina escaló a 133 mil personas — casi un 50% mayor a las cifras de 2010— (Salud 2018). Además, existen alrededor de 26 mil residentes en todas las especialidades médicas (DGIS 2018). Es decir, al menos 150 mil estudiantes comprenden este sector de médicos en formación, en quienes recae la actual y futura responsabilidad del Estado de garantizar y promover el derecho de la salud.

Nosotrxs, en conjunto con la Asociación Mexicana de Médicos en Formación A.C. (AMMEF), la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR) y diversos colaboradores del área de salud, unimos esfuerzos para exigir el respeto y la garantía del derecho a la salud de médicos en formación. Nuestro colectivo integra a estudiantes de medicina, internos de pregrado (MIP), pasantes de servicio social (MPSS) y residentes (MR)—correspondientes a las cuatro etapas del proceso de formación de las y los médicos en México-.

La actual crisis de salud que enfrentan México y el mundo por el SARS-CoV-2 representa un enorme reto para el sistema de salud y para el gobierno mexicano. Hasta el 21 de abril, en México se han reportado +8,700 casos confirmados y 712 fallecimientos a causa del virus. En consecuencia, la Secretaría de Salud dictaminó algunas medidas especiales de prevención y protección para las y los médicos en formación; principalmente, el retiro del personal en formación de las zonas de riesgo de contagio, envío de insumos de protección (cubrebocas, guantes, mascarillas N95, guantes, etc.) y capacitación en protocolos de atención, aislamiento y protección ante el COVID-19.

A raíz de esto, el Colectivo de Médicos en Formación se dio la tarea de investigar en qué medida están siendo implementadas estas acciones concretas para la salud y seguridad de las y los estudiantes, internos, pasantes y residentes que siguen acudiendo a los campos clínicos, con el afán de apoyar al gobierno a identificar en dónde pueden concentrar mejores esfuerzos para proteger a nuestros médicos —quienes estarán en la primera línea de la contingencia—. El miércoles 25 de marzo lanzamos un cuestionario digital a través de nuestras redes sociales para analizar lo antedicho. Más de 4670 personas respondieron el formulario, de los cuales 3985 son médicos pasantes, internos y residentes, y sólo el 10% estudiantes. El análisis estadístico excluye al 10% de los estudiantes que aún acude a campos clínicos, a pesar de las contraindicaciones de las autoridades, ya que en la mayoría de los casos los estudiantes no están a cargo de la atención clínica. La muestra concentra respuestas de los 32 estados de la República.

Primero, el 95% de encuestados respondió seguir acudiendo a los campos clínicos; de éstos, el 43% son médicos internos, 37% pasantes, y 20% residentes. El 44% de encuestados labora en hospitales de la Secretaría de Salud (INSABI), el 41% en el IMSS y el 15% restante están distribuidos entre el ISSSTE, Pemex y hospitales privados. Las universidades, responsables de la protección de los médicos en formación, han demostrado serias deficiencias en la comunicación con sus médicos, ya que únicamente 2 de cada 10 han recibido algún apoyo o comunicado por parte de sus universidades responsables.

Segundo, el 69% de los médicos en formación afirmó estar expuesto o asignado a áreas críticas para la atención de los pacientes con COVID-19. El 95% respondió no contar con el material necesario para su protección. De acuerdo con las personas encuestadas, en los hospitales y clínicas hace falta: alcohol, batas, cubrebocas, mascarillas N95, guantes, gel antibacterial, jabón, gasas y lentes protectores. En el lado positivo, 7 de cada 10 de los médicos encuestados ya recibió alguna capacitación en materia de protección (30%), atención (36%) y aislamiento de pacientes infectados (8%). En el lado negativo, el 94% de las personas encuestadas considera que ni las clínicas u hospitales donde trabajan, ni ellas mismas, están preparadas para hacer frente a la pandemia.

Estos datos se acompañan de otras dos encuestas realizadas con fechas similares, una por la AMMEF y otra por la ANMR. En ambas, los datos corroboran la información presentada arriba. Por ejemplo, en la encuesta hecha por residentes, el 43% de encuestados respondió no contar con protocolos de atención en sus hospitales y el 58% respondió no haber tenido alguna capacitación. Además, las y los estudiantes fueron retirados de la muestra total, ya que el ejecutivo federal decretó el 24 de marzo la suspensión de clases en todo el país y en todos los niveles educativos como respuesta a la segunda fase de la epidemia. para la atención de casos sospechosos o confirmados de COVID-19. De igual forma, en la encuesta a médicos internos y pasantes, el 93% respondió no contar con el material adecuado para hacer frente a la crisis. Cabe señalar que, la AMMEF ya ha presentado oficios, en diversas ocasiones, a Presidencia de la República respecto a las cuestionables condiciones en las que laboran los médicos en formación.

En palabras de un médico en formación encuestado por nuestro colectivo: “Se están tomando medidas arbitrarias en contra de los internos y se siguen dejando en áreas denominadas de riesgo a pesar de los oficios emitidos por las autoridades de salud; los insumos no se dan por ser de ‘menor grado’; las pruebas diagnósticas son insuficientes, además de que no existe un plan por parte de las universidades en coordinación con autoridades sobre qué medidas se tomarán con nosotros en Fase III o posteriores”. El hecho primordial de que la salud de las y los estudiantes de medicina, internos, pasantes y residentes sea mermada, impide que el sector salud se desarrolle plenamente en el ejercicio de sus atribuciones, afectando así la salud pública y los esfuerzos de la administración actual por hacer frente a la pandemia del SARS-CoV-2. Confiamos en que esta información será de utilidad para las autoridades; los exhortamos a tomar cartas en el asunto y así juntos garantizar la seguridad y la salud de las y los médicos en formación.

REVISA LAS GRÁFICAS Y TESTIMONIOS AQUÍ.

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COMUNICADO: Cuida a quien te cuida

COMUNICADO: Cuida a quien te cuida

Acciones en favor de las trabajadoras del hogar

Hoy, 30 de marzo de 2020, se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar para visibilizar los avances en el reconocimiento de sus derechos y el aporte social y económico de su trabajo en el mundo. Esta conmemoración nos permite también evidenciar los problemas que persisten y hacer un llamado a autoridades, organizaciones y empleadores para resolver la profunda precariedad laboral que enfrentan, la discriminación sistemática de la que históricamente han sido objeto y la deuda que como sociedad tenemos para avanzar hacia la garantía de sus derechos.

Las personas trabajadoras del hogar hoy, frente a la pandemia COVID-19, se encuentran en una situación crítica. Se enfrentan a despidos injustificados o recortes en sus ingresos por las medidas de distanciamiento social. Aquellas que no logran dejar de trabajar por la necesidad de generar un ingreso cotidiano, se enfrentan a una exposición mayor al virus por el desplazamiento a sus lugares de trabajo y por la labor de cuidados que realizan diariamente.

La falta de protección social, la situación de pobreza moderada o extrema del 50.7% de los hogares de las trabajadoras del hogar y la situación de informalidad en la que laboran (99% no tienen contrato escrito y 97% no cuentan con seguridad social), las convierte en uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad frente a esta pandemia. Los despidos o “descansos” sin apoyo económico crecen de forma exponencial. Una de cada tres personas trabajadoras del hogar es jefa de familia, por lo que la pérdida o reducción de sus ingresos en este contexto las coloca a ellas y a sus familias en una situación de riesgo que condiciona su seguridad patrimonial y alimentaria.

Como organizaciones hacemos un llamado al Estado mexicano y a la sociedad en su conjunto para actuar de forma solidaria con medidas que permitan mitigar los efectos de esta crisis que afecta a quienes menos tienen.

Exhortamos a las y los empleadores de personas trabajadoras del hogar a pagar de forma íntegra su salario durante la cuarentena, pese a que éstas no estén laborando, inscribirlas al Programa Piloto del IMSS para garantizar su acceso a la seguridad social y en caso de que continúen trabajando, asegurar las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias del país. Asimismo, exhortamos a que empleadores de personas mayores de 65 años, con enfermedades o padecimientos crónicos y mujeres embarazadas o en periodo lactancia, garanticen las medidas de aislamiento correspondientes por decreto federal.

Exhortamos al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a destinar recursos económicos a las personas trabajadoras del hogar que perdieron sus ingresos y se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, a impulsar medidas y protocolos orientados a reducir la vulneración de derechos de éstas frente a la pandemia.  

Bajo el hashtag #CuidaAQuienTeCuida y #ContagiemosSolidaridad le pedimos a la ciudadanía que a través de sus redes sociales promueva los derechos de las personas trabajadoras del hogar frente a esta crisis, sensibilice sobre éstos a las y los empleadores con los cuales tiene contacto y los canalice con las organizaciones e instituciones que brindan asesoría en esta materia.

Las organizaciones abajo firmantes estamos convencidas de que la solidaridad también se contagia.

Contacto: prensa@nosotrxs.org

 

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Carta del Consejo Asesor de Nosotrxs al Presidente de la República y al Consejo de Salubridad

Ciudad de México a 30 de marzo de 2020.

C. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

C. DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA,
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

PRESENTES

Los integrantes del Consejo Asesor y de la Comisión Ejecutiva de Nosotrxs (Nosotr@s por la democracia A.C.), conscientes de los momentos difíciles y complicados que vive el país, nos permitimos formular, respetuosamente, las consideraciones contenidas en el presente documento que tienen como finalidad contribuir al fortalecimiento de las acciones para la atención de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia Covid19 y sus impactos en la economía nacional, a fin de que se adopten y se hagan obligatorias a nivel federal:

1. Sin desconocer que el pasado 19 de marzo sesionó el Consejo de Salubridad General en su carácter de autoridad sanitaria dependiente directamente del Titular del Poder Ejecutivo Federal y que adoptó, entre otros acuerdos, mantenerse en sesión permanente, se debe asumir como premisa irrenunciable que la actuación de todas las autoridades federales y locales, priorice la salud de las personas, por encima de intereses económicos, políticos o de cualquier otra índole.

2. Emitir lineamientos, programas de acción y pautas de conducta para hacer frente a la pandemia Covid19, mediante acciones extraordinarias de salubridad general que pueda tomar el Ejecutivo Federal, a que se refiere el Título Décimo, Capítulo Único, de la Ley General de Salud, las cuales deberán ser uniformes y obligatorias en todo el territorio nacional, sin soslayar la adopción de medidas específicas atendiendo a las circunstancias geográficas de determinadas regiones. Todo ello deberá hacerse del conocimiento público y difundirse ampliamente entre la sociedad y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

3. Bajo criterios científicos, con una perspectiva de salud y con el acompañamiento de un equipo de expertos en la materia y en temas económicos, se determine las medidas relativas a la restricción parcial o total de actividades de los sectores público y privado, a fin de reducir los márgenes de discrecionalidad en su implementación y la protección sanitaria y demás derechos de las personas.

4. Se garanticen estándares mínimos de protección para el personal sanitario que atiende a las personas afectadas por el Covid19 y se garantice el suministro oportuno y suficiente de los insumos que permitan la atención debida a las personas que lo requieran.

5. Se reconozca y asuma la importancia de las medidas preventivas y el derecho de las personas a contar con información pública, abierta, verificable, oportuna y veraz sobre la situación real de la pandemia en nuestro país. Para tal efecto es preciso que se elaboren registros adecuados coordinadamente con los gobiernos estatales de los casos positivos y defunciones que se presenten por el Covid19, además de otros tipos de padecimientos respiratorios. Lo anterior con la finalidad de evitar que se registren casos de manera errónea o inadecuada.

6. De conformidad con las recomendaciones de instancias internacionales y las de científicos del país, se reitera la urgencia de realizar un programa amplio de detección de personas contagiadas por el Covid19, mediante la realización de las pruebas correspondientes o, en su caso, a través de la información lo más nítida posible sobre la evolución de la enfermedad que permitan implementar las acciones conducentes para evitar mayores contagios y prevenir que, por formalismos administrativos o burocráticos, la información pública del estado de la pandemia en México presente sesgos o resulte parcial.

7. Reconocer que no se trata sólo de una emergencia sanitaria, sino también económica con consecuencias graves en los niveles de empleo, consumo y producción sin precedentes. La emergencia plantea posibles riesgos sociales, políticos y de seguridad que se deben anticipar. Por ello, la respuesta del
Consejo de Salubridad General debe ser lo más amplia posible para prever dichos riesgos y actuar en consecuencia.

8. Se establezca, entre las instancias de los tres niveles de gobierno, una estrategia articulada que permita elaborar y concretar planes de acción en materia económica para que, en coordinación con los grupos empresariales y productivos del país, se prevean medidas de rescate y apoyo económico para las poblaciones más vulnerables que resulten afectadas por la pandemia, a partir de una valoración objetiva y real de sus repercusiones. Lo anterior a fin de que las actividades productivas, las cadenas de producción y distribución de bienes y servicios y la vida social en México se afecte en la menor medida posible.

Señor Presidente:

El Consejo General de Salubridad General, en lo que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 fracción XVI de la Constitución General de la República, es la herramienta de articulación estratégica que asegura la transversalidad de las acciones gubernamentales contra el Covid19 y la que debe dar los lineamientos a los tres ordenes de gobierno en el diseño de un plan estratégico para mitigar los impactos de la pandemia.

Es fundamental estar unidos frente a los desafíos que enfrentamos y solidarios con las personas que se encuentran en posición de mayor vulnerabilidad social, respetando las normas y las buenas prácticas ante situaciones de emergencia sanitaria.

Sin otro particular, reiteramos nuestro compromiso con el país, sus instituciones y la sociedad en general.
Atentamente,

CONSEJO ASESOR DE NOSOTRXS
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO
CLARA JUSIDMAN RAPAPORT
JEAN MEYER BARTH
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ
MARTA LAMAS ENCABO
ROSA MARÍA SECO
SILVIA MOLINA

COMISIÓN EJECUTIVA DE NOSOTRXS
MAURICIO MERINO HUERTA
ALEJANDRO GONZÁLEZ ARREOLA
ARAM BARRA RAMÍREZ
EUNICE RENDÓN CÁRDENAS
HAYDEÉ PÉREZ GARRIDO
JESÚS RODRÍGUEZ ZEPEDA
JORGE JAVIER ROMERO VADILLO
LISA MARÍA SÁNCHEZ ORTEGA
LOURDES MORALES CANALES
LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ RUIZ

 

Acuse de recibido – 30 de marzo 2020
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2° Informe sobre casos de desabasto en México

El 2° Informe sobre el Desabasto de Medicamentos, se integra a partir de los reportes en la plataforma así como de fuentes secundarias de información pública muestra que entre mayo de 2019 y enero de 2020, se recibieron 1,410 casos, de los cuales el 46% correspondieron a faltantes en el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), 35% al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el 11% al Instituto Nacional de Salud y Bienestar (INASABI) y el resto a otras instituciones de salud.