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Segunda Cumbre de Gobierno Abierto

Publicado originalmente en El Sol de México

Por Germán Morales Enrique

Del 6 al 8 de mayo, se llevó a cabo la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México. Después del penoso asunto del espionaje a periodistas y activistas por parte de la administración de Enrique Peña Nieto, el núcleo de organizaciones no gubernamentales de la Alianza por el Gobierno Abierto, se retiró del ejercicio, debido a que no existían las condiciones para seguir llevando a cabo las actividades del plan de acción. Ante ello, la anterior administración decidió publicar un reporte de resultados del Tercer Plan de Acción que no cumplía con el esquema de trabajo acordado originalmente.

 Mientras tanto, las organizaciones ciudadanas, elaboraron un reporte sombra que presentaron a la opinión pública, el cual contrastaba con el publicado por el gobierno. El diálogo y trabajo entre gobierno y sociedad civil bajo este mecanismo, se interrumpió por poco más de dos años.

Con el inicio de la nueva administración federal, se reanudaron las pláticas entre las organizaciones de la sociedad civil, el ejecutivo federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El producto de este proceso de reconciliación es el Cuarto Plan de Acción de la alianza del gobierno abierto que será presentado durante este mes.

De igual forma, el núcleo de gobierno abierto, ha lanzado una convocatoria para ampliar la gama de organizaciones y ciudadanos que integran la Alianza para el Gobierno Abierto e impulsar iniciativas que se generen dentro del ámbito local con una visión territorial de participación ciudadana.

Este ejercicio será determinante para ver si existe el ánimo de innovar y modificar comportamientos en el plano gubernamental en favor de transitar hacia un modelo de apertura gubernamental.

En algunas de las entidades se replica el esquema de gobierno abierto con el impulso de los organismos garantes de transparencia locales.

El funcionamiento de estos ejercicios comienza con la cooperación entre estos últimos, el INAI, los gobiernos locales y las organizaciones ciudadanas de los estados y posteriormente se integra al proceso el Secretariado Técnico local, que se conforma de manera distinta, dependiendo de la decisión de cada estado.

En Zacatecas, por ejemplo, este instrumento lo impulsa el órgano de transparencia, un representante del Ejecutivo, uno del Legislativo, uno del Judicial, un representante de los organismos autónomos estatales, el núcleo de sociedad civil y representantes de dos ayuntamientos.

Desde este Secretariado Ejecutivo, se lanza una convocatoria para elegir temas de interés que la sociedad propone para convertirse en los compromisos que tendrán que ejecutarse bajo los criterios de gobierno abierto. Al igual que en la entidad mencionada, en Oaxaca, Veracruz, Durango y Jalisco, también se trabaja el Segundo Plan de Acción Local.

Los asuntos son distintos y van desde proyectos de movilidad urbana, seguridad, rendición de cuentas, hasta promulgación o modificación de ordenamientos.

En Zacatecas se han trabajado, en el primer y segundo Plan de Acción Local, ejercicios como el lanzamiento de portales de internet como Follow the Money sobre un empréstito del anterior gobierno estatal y un observatorio de sitios patrimonio histórico, iniciativas de cabildo abierto en dos municipios, un nuevo código urbano, entre otros.

Es perentorio que la gente se interese más por tener un gobierno abierto que no solamente se reduzca a datos abiertos o a gobierno electrónico, sino que este ejercicio apunta a que las decisiones que toman las autoridades, sean orientadas a las necesidades o prioridades de la comunidad. Los retos para consolidar estas iniciativas son que el gobierno deje de simular y deje de poner resistencias a diversas iniciativas ciudadanas.

De igual forma, otro desafío es hacer del conocimiento del mayor número de personas, a qué nos referimos cuando hablamos de gobierno abierto y a que las iniciativas que se trabajen no se queden en actividades que se llevaron a cabo para salir del paso; que no mueran inmediatamente después de haber nacido.

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Desigualdades estructurales dificultan acceso de mujeres a cargos públicos: Silva

Publicado originalmente en El Sol de Talxcala

Aun cuando en la actualidad son cada vez más las mujeres que ostentan un cargo público o de elección popular, existen desigualdades estructurales que aunque no son perceptibles a simple vista están presentes y dificultan ese libre acceso, sostuvo la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, integrante del Pleno de la Sala Regional Ciudad de México.

Durante su ponencia denominada “Violencia política por razón de género y su tratamiento ante órganos jurisdiccionales”, la especialista manifestó que los espacios públicos están masculinizados y no son incluyentes.

Hay muchos obstáculos que tenemos las mujeres y son muy conocidos, pero hay muchos otros que permanecen sin ser visibles porque vivimos en una sociedad que todavía tiene muchos roles y estereotipos de género y vivimos con ellos y por ello no nos damos cuenta… lo que venimos a plantear las personas que pugnamos por la paridad no es feminizar los espacios públicos, sino hacerlo incluyente y que quepamos todos y todas.

 

Como ejemplo citó que las dependencias de gobierno carecen de una guardería o lactario, lo que representa una desventaja para las mujeres que desean desarrollarse, pero no solo eso, también limita a los hombres a ejercer su paternidad pues la responsabilidad de los hijos debe ser compartida entre ambos progenitores.

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Por su parte, Luis Manuel Muñoz Cuahutle refirió que la responsabilidad del Tribunal Electoral de Tlaxcala que encabeza no se limita a ejercer solamente la función jurisdiccional, ya que también tiene un deber con la promoción y difusión de la cultura democrática en el Estado, misma que debe ir de la mano de la sociedad civil organizada para encontrar conjuntamente estrategias que permitan un mejor acercamiento con los ciudadanos.

 

En su oportunidad, la representante de la asociación civil Nosotrxs, Eréndira Jiménez Montiel, aseveró que la violencia política de género no solo lacera a las mujeres que la padecen, sino a la sociedad en su conjunto ya que

ningún hombre en su sano juicio podría permanecer indolente ante un atropello político que sufriese alguna integrante de su familia y eso debe hacerlo solidario con el resto.

Al acto asistió el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Armando González Placencia; los titulares de los órganos electorales local y nacional, Elizabeth Piedras y Jesús Lule, legisladores locales y magistrados del Poder Judicial, así como Marlene Alonso Meneses, presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la entidad.

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La simulación del combate a la corrupción en Nuevo León

Por #NosotrxsNuevoLeón

Publicado originalmente en El Sol de México

La implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Nuevo León ha pasado de significar una esperanza a ser una contradicción que podría llegar al fracaso.

El SEA surgió de la motivación de regresar a las personas lo que nos corresponde: lo público. Aquello que ha sido aprovechado para fines privados, pero que en esencia nos pertenece a cada una de las personas que habitamos este estado.

Lo que debió haber sido un hito de la lucha contra la corrupción es un ejemplo de opacidad, manipulación y captura de la institución que debería luchar por desmantelar los espacios de abuso de lo privado sobre lo público.

Como claramente ha dicho Mauricio Merino: una de las principales causas de la corrupción es precisamente la captura de los puestos y los presupuestos públicos desviando los fines de las instituciones a intereses privados o grupales.

La simulación ha sido la clave en el proceso: se simuló que había interés en combatir la corrupción como propósito clave del Sistema; se simuló la elección de ciudadanos sin compromisos políticos para la integración de sus distintos órganos y se simuló el utilizar criterios técnicos y realizar procedimientos abiertos para la elección de quienes trabajarán cotidianamente en ejecutar la Ley.

La lista de irregularidades lo evidencia:

  • Hay miembros del Comité de Selección con vínculos políticos, como Salvadora Peña Warden, cuyo Consorcio Educativo Warden tiene contratos de capacitación a personal de municipios.
  • El Magistrado Especializado en Responsabilidades Administrativas, Mario Treviño, se desempeñaba como Oficial Mayor en el Congreso, por lo cual su vínculo con los diputados es fuerte e innegable.
  • El Comité de Participación Ciudadana (CPC) fue elegido sin haber cumplido con requisitos claramente estipulados en su convocatoria, como no haberse presentado la 3 de 3 de los candidatos, que la sesión de deliberación se hizo de forma opaca y que no se utilizaron las evaluaciones hechas a los perfiles.
  • Mauricio Morales, integrante del CPC y elegido a permanecer por cinco años, al momento de su elección estaba registrado en el padrón del PRI y, además, trabajó en Milenio, una de las empresas mediáticas más importantes a nivel nacional y local donde todavía aparece en su directorio, vendiendo espacios publicitarios a Gobiernos en Nuevo León.
  • El Comité Coordinador fue instalado sin que uno de sus miembros, el titular de la Contraloría del Estado, fuera ratificado por el Congreso como demanda la Constitución. Jesús Hernández, quien sigue siendo encargado de despacho de esa oficina, no tiene atribuciones para participar en ese Comité.
  • Como corolario, tras haberse instalado el Comité Coordinador de forma irregular, se realizó una sesión privada (aunque la Ley estipula que todas deben ser públicas) en la cual se nombró a Joaquín Ramírez, ex integrante del Comité de Selección, como Secretario Técnico. Es decir, los elegidos pagaron el favor a quien los eligió. 

Está claro: esta simulación es una herramienta utilizada como resistencia y adaptación de la corrupción para sobrevivir. Es un nuevo esfuerzo por combatir la exigencia ciudadana de responsabilidad, rendición de cuentas y apertura de nuestras instituciones.

De ahí la urgencia de unirnos en un reclamo como colectividad: lo que está sucediendo en Nuevo León es síntoma de lo que seguramente va a ejercerse en otras partes del país. Esta es una lucha donde todos los grupos de la sociedad debemos cerrar filas: la corrupción no se irá sin dar pelea.