nosotrxs

Nosotrxs logra con sentencia del TEPJF que el INE defienda los derechos políticos más allá de las vías electorales.

• Nosotrxs promueve la defensa colectiva de derechos.

• No tenemos calendario electoral.

• Seguiremos defendiendo el derecho de asociación libre y voluntaria para fines políticos no electorales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que Nosotrxs promueve la participación ciudadana en asuntos de interés público y, siguiendo las directrices de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General avaló que existe un riesgo real de confusión de la ciudadanía cuando dos asociaciones civiles se ostentan con el mismo nombre, dado el ámbito en el que ambas desarrollan sus actividades.

El Instituto además, dio un plazo de cinco días a la organización que pretendía usar nuestro nombre con fines electorales para cambiar su denominación preliminar.

La votación del Consejo General del INE, al acatar la sentencia del TEPJF, es histórica pues reconoce la protección del derecho de asociación para fines políticos, pero no electorales.

Nosotrxs somos el Estado, el Poder y la Democracia.

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La extensión del partido

Publicado en El Universal

Por Mauricio Merino

La administración pública debe otorgar estabilidad a los cursos de acción del Estado a través de sus leyes e instituciones. El entramado de oficinas, cargos públicos, programas y reglas de operación que la integran no está diseñado con la lógica de un partido en el que los militantes comparten una lealtad y se organizan en torno de un programa político, ni tampoco conforme a la mecánica de una empresa privada, en la que los dueños imponen las metas y las estrategias que han de obedecer los empleados. No es partido ni empresa.

Uno de los mayores errores cometidos por la versión mexicana del neoliberalismo fue creer que las oficinas públicas podían funcionar como empresas privadas, que sus directivos no eran funcionarios sino gerentes, que los ciudadanos eran los clientes y que los empleados no respondían a las reglas generales sino a su propia creatividad. Como si darle viabilidad administrativa al cumplimiento de las leyes y garantizar los derechos equivaliera a vender Coca Colas o administrar Walmart, al comenzar el siglo XXI se fueron imponiendo el lenguaje y las prácticas de la iniciativa privada, con una visión que corrompió y dio al traste con la eficacia de los gobiernos.

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Convocatoria: LID Coahuila

Nosotrxs y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) convocamos

A todas las personas mayores de edad que estén comprometidos(as) con sus comunidades, que hayan llevado a cabo organización de colectivos, con interés en aprender y que dediquen entre 4 y 6 horas a la semana a trabajar en proyectos de fortalecimiento democrático, transparencia y rendición de cuentas y/o defensa de derechos vulnerados. Personas dispuestas a asumir la responsabilidad de organizar colectivos y aumentar la voz de los ciudadanos en la exigencia y la incidencia para el cumplimiento cabal de los derechos de los que somos titulares.

El curso se llevará a cabo en línea del 5 de agosto al 6 diciembre de 2019, con excepción de la primera y última sesión, las cuales serán presenciales.

Sobre el Programa de Liderazgo e Innovación para la Democracia (LID)

El curso que presenta Nosotrxs en colaboración con el Instituto Electoral de Coahuila está enfocado en la formación teórica sobre el uso de nuestras leyes e instituciones para el combate a la desigualdad y la corrupción y para la construcción de una sociedad democrática de derechos, así como en la formación práctica para la exigencia e incidencia colectiva de derechos. El curso tiene una duración de 64 horas distribuidas a lo largo de 16 sesiones teóricas y 16 sesiones prácticas.

1. Fechas de inscripciones: la convocatoria es abierta al público en general del estado de Coahuila del 2 al 26 de julio de 2019.

2. Requisitos para postular:

  1. Elaborar carta de exposición de motivos expresando las razones para participar en el curso de formación y cómo desea aportar a su comunidad al terminar el curso (máximo 350 palabras).
  2. Currículum o explicación de trayectoria profesional.
  3. Agregar la información anterior y llenar el formulario de inscripción aquí.

Tendrán preferencia aquellas personas que cuenten con proyectos de exigencia de derechos o participen activamente en causas sociales.

Además, en caso de resultar seleccionadx:

  1. Asumir por escrito el compromiso de asistir al 80% de las sesiones y cumplir con por lo menos el 80% de actividades solicitadas
  2. Ejecutar el proyecto desarrollado a lo largo de la formación. 
  3. Leer y aceptar el aviso de privacidad para el manejo de datos personales.

3. Proceso de selección:

  1. Se recibirán solicitudes por un periodo de tres semanas (2 al 19 de julio).
  2. El Comité de Selección descartará a aquellos perfiles que no cumplan con los requisitos de postulación.
  3. El Comité de Selección llevará a cabo entrevistas con los postulantes del 22 al 24 de julio.
  4. El Comité de Selección elegirá a los y las participantes que se formarán como organizadores comunitarios a más tardar el 26 de julio.
  5. La Dirección de Formación de Nosotrxs informará vía correo electrónico y/o vía telefónica, de manera individual, a las personas seleccionadas del 29 de julio al 3 de agosto.
  6. El curso dará inicio el 5 de agosto.

4. El comité de selección estará integrado por:

  1. Dos representantes del IEC
  2. Dos representantes de Nosotrxs

5. Modalidad

El curso se llevará a cabo en línea del 5 de agosto al 6 diciembre de 2019, salvo la primera y última sesión, las cuales serán presenciales. Los horarios en que se impartirá el curso en línea serán los miércoles de 5:00 a 7:00 pm durante 16 semanas a partir del 7 de agosto.

6. Casos no previstos

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por las instituciones convocantes de manera conjunta.

7. Contacto

Cualquier duda o comentario, puedes escribir al siguiente correo: formacion@nosotrxs.org y/o marcela.aguilar@nosotrxs.org

 

MEXICO CITY, MEXICO - JULY 01: Andres Manuel Lopez Obrador speaks during a ceremony to celebrate his administration's first anniversary at Zocalo on July 01, 2019 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

Una agenda social sin derechos sociales

Publicado en Animal Político

Por Jesús Rodríguez Zepeda,  profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Integrante de Nosotrxs.

Se cumplió, este 1º de julio, un año de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador. Si bien formalmente el presidente no se hizo con el poder ejecutivo hasta el primero de diciembre de 2019, buena parte de las orientaciones que ahora funcionan como criterios de la agenda legislativa, de la dirección de las instituciones públicas y de a marcha de las políticas públicas se plasmaron desde los días del triunfo electoral.

Podemos olvidar alguna de estas orientaciones, pero las que registramos están fuera de duda:  la lucha contra la corrupción como prácticamente único soporte discursivo de la gestión, la promesa de una política social reorientada a la atención de las mayorías sociales empobrecidas, la reconstrucción de un nacionalismo de base popular, la concentración de las decisiones gubernamentales sólo en la figura presidencial, la anulación de la reforma educativa del sexenio anterior, un recorte sistemático del gasto público y la aplicación de un programa de austeridad gubernamental a ultranza, la prioridad a la reconstrucción estatalmente orientada de la industria petrolera,  la construcción de una política de seguridad pública conforme a esquemas de inspiración militar, la construcción de un universo simbólico en el que sólo caben el gobierno -o, mejor dicho, el gobernante- y sus adversarios con la consecuente estigmatización de las críticas independientes y opositoras y, al último pero no lo último, la actualización de un psicodrama colectivo cuyo guion es el lenguaje binario de los amigos y enemigos.   

Esas líneas maestras no permitían en su formulación temprana prever consecuencias específicas como las que ya se pueden registrar y analizar. Concentrémonos sólo en una de las vías centrales de esta orientación general, la de la política social, porque allí se plasma de manera clara el tipo de conducción política del nuevo gobierno y las paradojas de su puesta en práctica. En este terreno no sólo se evidencia un proceso de debilitamiento institucional sino el divorcio entre la agenda efectiva de política social y una política de derechos conforme a lo prescrito por la constitución.

La política social es la joya de la corona de los regímenes políticos de izquierda. Por su propio reclamo discursivo (prioridad de los pobres, crítica de la cultura del privilegio, reorientación de los recursos ahorrados a poblaciones marginadas, etcétera) una política social estructural debería ser la meta del presidente y de su Movimiento de Regeneración Nacional; pero no parece serlo. En lugar del sentido estructural priva una orientación personalista y discrecional. De hecho, la primera fase de la política social del nuevo gobierno va a contracorriente de una política viable de derechos sociales. La diferencia más clara entre la política social puesta en marcha y una política social redistributiva reside en que, tanto desde el punto de vista del desarrollo de capacidades como el del ejercicio de titularidades o derechos por las poblaciones subalternas, la primera niega a la segunda.

La historia del estado social contemporáneo, en sus versiones más exitosas como la del Estado de bienestar, muestra que una agenda social funciona cuando tiene como ejes una política sistemática y articulada de redistribución de la renta,  la transformación del sistema fiscal para hacerlo más exigente con los grandes capitales, la construcción o fortalecimiento de instituciones garantes de derechos como la educación y la salud públicas (lo que se conoce como política social estructural) y el desarrollo de programas específicos para la atención de grupos cuya situación requiere intervenciones especialmente diseñadas, como en los casos de las poblaciones indígenas, las personas con discapacidad, las niñas y niños en situación de desventaja o las mujeres en situación de riesgo por violencia o pobreza. Además, esta batería sólo funciona si se envuelve en una poderosa política antidiscriminatoria capaz de reducir las condiciones estructurales de desigualdad de trato que se mezcla con la carencia económica para abismarla y escalarla.

Frente a esta compleja batería de procesos institucionales que puede situar a una sociedad en una tendencia al cierre de sus brechas de desigualdad, el gobierno ha optado por una política social monocolor definida por mecanismos de reparto directo y la monetarización de los bienes sociales. Los programas centrales de esa política no son redistributivos sino de entrega directa de dinero. Los llamados “Programas Integrales del Bienestar” no suponen ni una alteración del esquema fiscal ni una redistribución de la renta nacional, sino sólo incremento de la capacidad de consumo. “Jóvenes construyendo el futuro”, que promueve la inserción laboral de unos 720 mil jóvenes entre 18 y 29 años, las Becas Benito Juárez para estudiantes de bajos recursos económicos, la Pensión para el Bienestar, dirigida a unos 8 millones, 600 mil personas mayores de 68 años, y las Becas de apoyo a personas con discapacidad tienen un rasgo común: reparten dinero a la vez que desinstitucionalizan la política de derechos sociales. 

En una sociedad con el agudo nivel de privación económica que registra México, el reparto económico directo no es un absurdo. Su riesgo reside en que, en un horizonte estable de recursos fiscales escasos, la política monetizadora sólo puede hacerse a costa de desmontar, mediante recortes presupuestales y despidos de personal, áreas completas de la política social estructural (salud, educación, trabajo) y de programas sociales remediales que habían demostrado eficacia, como el Seguro Popular y Prospera. Lo objetable del diseño ahora dominante de la política social es que pretende estructural a lo complementario.

Todo régimen quiere construir sus propias condiciones de reproductibilidad a través de la formación de un público que se sienta atendido en sus necesidades. El problema es que la vía del reparto monetario proscribe en los hechos la del desarrollo de capacidades y derechos y, al final, debilita la propia capacidad niveladora del Estado. Todavía se puede reorientar la vocación social del gobierno: reforma fiscal, fortalecimiento de la política social estructural y recuperación de programas sociales funcionales serían rasgos de tal cambio. Pero la cuestión es si ese cambio cabe en el menú de opciones del presidente.

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Sin acceso pleno a derechos

Publicado en El Sol de México

Por Eréndida Jiménez Montiel

La Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada con fecha 10 de junio del 2011, mediante la cual se modificó el concepto de las “Garantías Individuales”, que databa de la promulgación de la misma en 1917, por el de los “Derechos Humanos y sus Garantías”, además de significar una homologación –tardía– de nuestra Carta Magna a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por Naciones Unidas en 1948 y suscrita por el Estado Mexicano ese mismo año, ha sido uno más de los intentos, quizá el mayor, por tratar de remediar la mala imagen que pesa sobre él, de no ser un garante efectivo para el respeto pleno a los derechos de las personas.

Resulta evidente sin embargo que la mera inclusión de un derecho en el marco jurídico no basta para que su acceso esté garantizado para todas las personas, ya que, las diferencias económicas, culturales, políticas, de capacidades, orientaciones e identidades, entre otras, se convierten en barreras que dificultan para muchos el poder gozar de un derecho establecido con la misma facilidad que otros segmentos sociales tienen para ello, lo que obliga a buscar más allá del reconocimiento de un derecho, para establecer los mecanismos que hagan efectiva su implementación universal.

En complemento a la Reforma Constitucional de 2011, la publicada el 6 de junio de 2019, que tuvo efecto, entre otros, sobre el artículo 35, que cambió el concepto de “derechos del ciudadano” por el de “derechos de la ciudadanía”, a lo que se agregó en la fracción II del mismo artículo, el derecho de: “[…]Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley…”, lo que, además de volver incluyente su redacción, abrió la puerta a un sinfín de posibilidades a favor de poder entablar controversias jurídicas que tengan como finalidad obligar al establecimiento de medidas para salvaguardar un derecho universalmente reconocido.

Si bien en la misma Reforma Constitucional de junio de 2019, ya se aplicó el principio de paridad de género, en el artículo 41, esto es sólo indicativo, más no limitativo, de una posibilidad en su uso, por lo que puede argumentarse para otros segmentos de nuestra sociedad, los cuales, deberían también tener un acceso garantizado a la representación popular de manera proporcional al que su número significa dentro del total de la población, ya que la defensa de intereses de clase o segmento, jamás podría estar mejor representada ante un cuerpo legislativo que por uno de sus miembros. Ojalá que la sociedad mexicana sepa aprovechar esta posibilidad que ha quedado abierta en nuestro marco constitucional, a través del establecimiento del principio de paridad que, siendo un derecho político, es parte indiscutible de los Derechos Humanos.

 

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Con letras de oro

Publicado en El Universal

Por Mauricio Merino

A iniciativa del Patronato del Ateneo Español en México, que guarda la memoria de la república española abatida en 1939, el gobierno y el Poder Legislativo mexicanos han conmemorado el octagésimo aniversario de la llegada del buque Sinaia, que fue el primero de los transportes exclusivamente dedicados a cobijar en nuestras tierras a los republicanos derrotados por las armas, pero invictos en sus convicciones. El viernes pasado, como culminación de una larga serie de acontecimientos destinados a rememorar la profundidad de ese episodio, la Cámara de Diputados inscribió con letras de oro en el muro de honor del Congreso mexicano: “Al exilio republicano español”.

Nunca fue más oportuna esta memoria. Desde luego, por la gratitud mutua que se deben los exiliados españoles y los mexicanos: los primeros, por la generosidad del presidente Lázaro Cárdenas y de su esposa, doña Amalia, quienes los abrazaron desde un principio sin titubeos ni condiciones; y los segundos, por el caudal de aportaciones que ese grupo de casi tres decenas de miles de hombres y mujeres trajo a la ciencia, a la cultura, a las artes, a la economía y a las instituciones del país y que siguen rindiendo frutos frescos. Pero esa memoria es oportuna y hasta urgente, digo, no sólo por la gratitud recíproca y el valor de los recuerdos, sino por la potentísima vigencia de las lecciones que legó.

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